Dice Pilar Rahola que volvía del verano en modo zen, dispuesta a tomarse la vida con equilibrio y paz interior, pero que la lectura del último artículo de Felipe González le obliga a cambiar el budismo por el modo “on fire”.
Puestos a ello, con la facilidad que tiene nuestra amiga para sacar toda su artillería dialéctica, le bastan unas líneas para acusar al ex presidente del Gobierno de insultar a las víctimas catalanas del fascismo y de convertir a su honorable madre y a sus vecinos en émulos de los asesinos nazis.
Las palabras que han encendido a la articulista catalana son las siguientes:
“Es lo más parecido a la aventura alemana o italiana de los años treinta del siglo pasado.”
Seguramente la señora Rahola, cegada por los destellos de la Diosa Nación, confunde unas palabras de crítica a un político con una falta el respeto a los catalanes en general y a su señora madre en particular.
No le falta razón a Felipe González. Tenemos que remontarnos a los años 30 del pasado siglo para encontrar en Europa Occidental un gobierno legítimamente constituido que actúe de forma deliberada en contra del orden constitucional. Y aunque es algo incómodo de escuchar para un nacionalista, esto pasó en la Alemania del periodo de entreguerras.
Fue en el año 1933 cuando el Canciller Hitler, aprovechando el incendio del Reichstag, declaró el estado de emergencia y consiguió que el Presidente Hindenburg firmara un decreto aboliendo la mayor parte de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de Weimar. Tras unas nuevas elecciones, que Hitler y sus aliados ganaron por mayoría simple, consiguió que se aprobase una Ley Habilitante que utilizó para subvertir el orden constitucional, prohibiendo primero la oposición e instaurando a continuación un régimen dictatorial.
Aunque la comparación sea odiosa, el planteamiento de la Lista de Junts pel Sí es muy similar a la estrategia seguida por Hitler en su momento. Artur Mas no está buscando otra cosa que una mayoría parlamentaria (recordemos que busca mayoría de diputados, no de votos) que le proporcione una “Ley de Transición Nacional” que le permita subvertir el orden constitucional desde las propias instituciones democráticas.
Hace bien Felipe González en criticar públicamente y con dureza a los que pretender violentar la Constitución y romper nuestro modelo de convivencia. El único “pero” que podemos poner al ex presidente es que no haya sido así de claro y valiente cuando correligionarios suyos comenzaron, hace ahora 12 años, su labor de acoso y derribo a nuestro régimen constitucional.
No olvidemos que fue un socialista, José Luis Rodríguez Zapatero el qué en el año 2003, antes de los atentados del 11-M, dijo aquello de “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán». Fue otro socialista, Pascual Maragall, quién lideró la redacción de un Estatuto que incluía aspectos claramente inconstitucionales.
Cuando ese Estatuto fue declarado parcialmente inconstitucional, por un tribunal que no podía hacer otra cosa, fue otro presidente socialista, José Montilla, el que de forma absolutamente irresponsable se puso al frente de una manifestación multitudinaria que, con el lema, «Somos una Nación. Nosotros decidimos», negaba al Tribunal Constitucional la capacidad de pronunciarse sobre una Ley votada por el pueblo catalán.
De poco consuelo sirve ver al PSC de Maragall y Montilla convertido en un partido residual en Cataluña. El daño ya está hecho. Porque lo que está pasando nunca hubiera sido posible sin la colaboración irresponsable de los socialistas catalanes y la inacción y el silencio cobarde de un PSOE que, no lo olvidemos, continúa pactando con separatistas en otras regiones de España.
