Resulta un poco sorprendente el que estemos descubriendo que los tentáculos corruptos abarcan a la práctica totalidad de los partidos políticos así como a múltiples instituciones del Estado, que de una u otra forma son parte del poder, a cualquier nivel: estatal, autonómico y municipal.
¿Es que el país entero a nivel oficial y particular es una amalgama de pura corrupción? Si la contestación a esa pregunta fuera afirmativa, deberíamos, sin remisión, condenar, no solo a toda la clase política, sino a todo el país, y proceder a una transformación, no solo del sistema político, sino de la propia forma de actuar y el esquema de valores de la nación.
Lo cierto es que se ha llegado a ese grado generalizado de corrupción, a través de un mecanismo directamente relacionado con la financiación de los partidos; no es que todo funcionario público o empresario hayan diseñado un sistema para llevarse el dinero sin más, sino que de alguna forma era necesario proveer fondos para el mantenimiento de las estructuras de los partidos, puesto que las cantidades asignadas en los presupuestos, no mantienen ni de lejos, el entramado de dichas instituciones, sobre todo cuando no están en el poder, en cuyo caso se nutren de puestos oficiales, en muchas ocasiones redundantes, en la administración pública. En una palabra el mantener estas estructuras es como si duplicásemos el personal de las administraciones públicas y si se quiere continuar con este sistema es preciso financiarlo.
Lo que si ocurre, es que a base de “recibir contribuciones”, algunos de estos individuos acaban quedándose con una parte de los fondos aportados, y estas personas, individualmente corruptos, son a los que propiamente se les puede acusar de sinvergüenzas, que contagian y desprestigian a la profesión funcionarial política o empresarial. De lo contrario si no hacemos la distinción, lo cual también sería una opción legítima moralmente hablando, conociendo la naturaleza humana, habría que condenar a todo el sistema como corrupto en sí, y preguntarnos, sinceramente, porque se ha elegido este sistema y hacernos colectivamente responsables por haberlo elegido “democráticamente”; dejarnos hipócritamente de condenar a diestro y siniestro a todo el mundo por desarrollar unas actividades que son consustanciales al sistema.
Siempre nos cabe optar por el mal menor, que es el escogido por los sistemas anglosajones, fundamentalmente, de permitir la existencia de los “lobbies” que son despachos de tráfico de influencias legales, en los que al menos se puede monitorizar más o menos exactamente la proveniencia de los fondos y contribuciones, evitando desviaciones por el camino, aunque los favores siempre los habrá, no será el contubernio generalizado que existe en España, en toda ella, no se salva ni una autonomía ni municipio ni institución, en mayor o menor medida, todas han participado en el reparto de recursos bajo cuerda. El sistema no podría funcionar sin sueldos, propinas, creación de cargos, reparto de asignaciones, prebendas canonjías, momios, chollos… ¡Qué rico es el idioma para designar tales “oficios”!
Hay que escoger y eso en política nunca es gratis, todo tiene consecuencias, si hemos optado por un sistema que requiere una enorme estructura de partidos, esto tiene un coste, pero por lo menos mantengámoslo bajo control, y visible, no fingiendo que no existe la financiación irregular, y luego echándole la culpa a todos, porque eso nos proporcione un engañoso sentido de moralidad pública.
Pongámosle nombre a las cosas, castiguemos a los culpables, rápida y contundentemente, y dejemos de tirarnos los trastos a la cabeza, hay que ponerse a trabajar en lo que importa al país, para salir adelante y sobrevivir, en un momento muy difícil de transición mundial, pues el desorden y la anarquía que vienen, si no hacemos las cosas bien, puede ser mucho peor que lo que ahora estamos denunciando.
