Cuando se opta por un sistema de gobierno que se basa en la alternancia de partidos políticos mediante un proceso electoral exclusivo de sufragio universal como mecanismo de acceso al poder, se está optando por una alternativa que conlleva unas ventajas y unos inconvenientes. No quiero entrar en las múltiples acepciones o definiciones de lo que entendemos por “democracia”, pues hay ingentes acepciones de dicho término, sino centrarme en la actual forma que adopta dicha forma de gobierno en nuestra sociedad, en este momento específico de la historia. Todo sistema político, hay bibliotecas desde la antigüedad hasta el presente, ha sido analizado y estudiado hasta el más extenuante detalle, tanto en su vertiente teórica como práctica, ya que prácticamente todos han sido ensayados, en mayor o menor medida, en diferentes tiempos y lugares.
Un partido político, independientemente de su ideología, principios o aspiraciones, es una institución y como tal requiere de una estructura y unos órganos de gestión y poder, y dicha organización requiere de financiación. Las personas que componen sus cuadros, los locales desde los que opera, el mantenimiento de su aparato, necesita recursos para poder funcionar y llevar a cabo sus objetivos. Por muy altruistas que sean sus miembros nadie vive del aire, es necesario proveer a su retribución y mantenimiento, y ese coste añadido recae sobre los ciudadanos, vía impuestos y demás contribuciones implícitas y explicitas, al igual que la pura administración o gestión del estado.
Cuando dicha estructura de partido es reducida y sobria, las cantidades asignadas por el estado en función de sus resultados electorales podrían ser suficientes, sin embargo es imposible sostener con esos recursos una estructura de las dimensiones requeridas actualmente en un país como España. Solamente proveer un medio de vida a todas aquellas personas que componen los cuadros de la organización, cuando están ejerciendo cargos, o cuando se encuentran en la oposición, a todos los niveles locales, autonómicos, centrales y europeos, más las instalaciones necesarios para albergar los órganos de su estructura, a lo que habría que añadir el gasto de movilizar los medios en la confrontaciones electorales, y todo ello a nivel nacional y autonómico… La cifra resultante es de vértigo. Se hace imperativo por tanto, si queremos que tal sistema se mantenga, a la larga, deben encontrarse medios alternativos o recursos adicionales legalmente canalizados para evitar que dichas organizaciones no se vean obligadas a la aceptación de contribuciones “voluntarias”, lo que constituye el origen de toda la corrupción.
Una sociedad puede sobrevivir con un determinado grado de corrupción, el que se deriva de la propia debilidad de la naturaleza humana, lo que la convierte en inviable, es cuando dicha corrupción es institucional y se convierte en el combustible mismo del sistema político.
No hace falta recordar cómo el PSOE abandonó en su día el poder, ni requiere más que abrir los ojos en la actualidad para comprobar lo que está ocurriendo en el PP o en el PSOE a nivel regional o municipal, o en los partidos autonómicos periféricos. Se llega a la conclusión de que solo se libran los que no han tenido mando, e incluso algunos de los que no ejercen más control que el municipal, basta comprobar algunas de sus fuentes alternativas de financiación: nada menos que la Venezuela chavista, Cuba o Irán lo cual resulta más aterrador todavía.
Uno de los métodos contemplados por varios sistema democráticos para intentar reducir dichas prácticas, es el de la constitución de “lobbies”, entidades que canalizan legalmente los múltiples intereses de grupos, países o empresas en sus relaciones con los gobiernos respectivos, es este un mecanismo de control y vigilancia, que funciona en base a que se reconoce pragmáticamente que tales prácticas existen, y es preferible que de alguna manera sean conocidas, y por tanto están vigiladas, lo que no evita numerosos casos de corrupción pero supone un freno: reduce la aleatoriedad al fomentar la transparencia, y conduce al rápido castigo del infractor. En España dicho sistema fue rechazado.
Si la única salvaguarda para que sobreviva la actual democracia electoral y un régimen de libertades, a pesar del desconcierto y los abusos de poder, es amenazar a los ciudadanos con el caos, estamos ante un chantaje movido por el miedo o terror a un régimen de tipo bolivariano. No es difícil llegar a la convicción de que dicho planteamiento, como fórmula mágica de mantener este sistema, no es ni válido ni suficiente.
Se tendrá que alcanzar una formula basada más en el espíritu de servicio de la clase política, incentivando la participación entre personas de prestigio, solvencia y una experiencia contrastada, no ese engendro de “nuevas generaciones” que convierten a la clase política en un oficio de por vida: nadie debería estar en la política durante toda su carrera profesional y en segundo lugar un mecanismo de financiación de los partidos que limite las ansias expansivas lógicas por otra parte del que aspira al poder.
Este capítulo es el más importante ya que pone el acento en una de las razones básicas por las que se recurre a la corrupción como fuente de financiación alternativa de todos los grupos. Si cada partido se limitara a disponer de los recursos que se puedan obtener mediante las cuotas de sus afiliados, además de los que les corresponda por asignación electoral o los emolumentos percibidos en función de los cargos ejercidos en activo, no se verían en la tesitura de aceptar dinero de intereses ajenos a la política y los intermediarios de ese tráfico de influencias no tendrían ocasión de distraer para sus fines personales cantidad alguna.
Esto puede parecer una utopía en un país en el que las contribuciones voluntarias a causas políticas o sindicales no tienen mucho arraigo, sin embargo es la única fórmula para librar a la sociedad de la corrupción generalizada, a la vez que sería una manera de involucrar más a la población en la administración eficiente del estado. La idea de que “el dinero público no es de nadie”, expresada por una ministra nada menos del gobierno, refleja perfectamente la falta de conciencia que existe en España sobre este tema. Tal mecanismo cumpliría dos propósitos uno reduciría notablemente el gasto y generaría en los propios partidos una función de auto vigilancia que limitaría la corrupción.
¿No alcanzarían los fondos? Quizá no para la estructura actual, lo cual ya sería una ventaja en sí, habría que acoplar la organización territorial y política a la que realísticamente pueda soportar un país como España. Si pensamos que cada votante tiene unos intereses, y que lógicamente estos estarían en mayor o menor medida representados por los distintos partidos representados en las cámaras, si quieren que su proyecto personal o colectivo prevalezca, deberán aportar su contribución personal. Evidentemente dichas contribuciones serían deducibles en la declaración de la renta, con devolución o con unas provisiones a determinar para aquellos que carezcan realmente de recursos. Si los ciudadanos desean una administración pública honesta y saneada deberán poner de su parte no solo el voto, pues si se observara una falta de interés tan evidente: negándose a contribuir voluntariamente a la defensa de las propias ideas, habría que cuestionarse si tales principios no son tan importantes como afirman los interesados, quizá en la mente de los ciudadanos prevalezcan otros criterios más profundos e inconfesados por parte de una gran parte del electorado. Lo único cierto es que manteniendo la actual estructura se puede alcanzar el punto en el cual a los “paganos” no les compense dicho sistema. Todo sistema que pretende definirse como democrático exige de la ciudadanía una colaboración para su mantenimiento, lo que no se puede es quererlo todo: Un sistema de partidos políticos sin corrupción y sin financiación independiente. Es como aquella manifestación que hace años se organizó en un pueblo al lado del aeropuerto: “aviones sí ruidos no…”
