Es muy posible que Marine Le Pen sea pronto presidente de la República Francesa. Es muy posible que Alternativa por Alemania, que ya es el primer partido del país, alcance el poder en breve. Es muy posible que Fratelli d’Italia, el partido de Meloni, sume una mayoría que le permita emanciparse de las imposiciones de Bruselas. Es muy posible, en fin, que VOX alcance un número de escaños que le capacite para influir de manera determinante en el Gobierno de España. Si eso pasa, la Unión Europea podrá seguir existiendo, pero la política de esa oligarquía que viene controlando la Comisión Europea desde hace más de un decenio cambiará radicalmente. Mucha gente muy poderosa va a dejar de ganar miles de millones de euros. Normal que estén preocupados.
El pasado 24 de octubre, con Francia ardiendo por unas manifestaciones que la ultraizquierda convirtió en preguerra étnico/civil, apareció un fulano llamado Kevin T. en el municipio de Trappes, en la corona suburbana de París, y abrió fuego contra la gente. Las víctimas eran mayoritariamente negras o musulmanas, cosa poco sorprendente, porque ambas comunidades son extraordinariamente numerosas en Trappes, cuyo alcalde es un franco-marroquí llamado Alí Rabeh. De inmediato el Gobierno acusó a la derecha, en general, de haber provocado el atentado por su denuncia de la inmigración masiva y por su islamofobia. A ello contribuyeron unas llamativas declaraciones del propio Kevin T., ya detenido, de carácter racista e islamófobo. Era una acusación implícita a Marine Le Pen. Se tardó poco en saber, sin embargo, que el tal Kevin era un delincuente habitual, que en su casa había tanto un Mein Kampf como un Corán, que la única víctima mortal de sus disparos resultó ser un cristiano y, oh, sorpresa, que había sido militante pro-palestino, según demostraron abundantes fotografías. Da igual. La prematura versión oficial se impuso hasta el punto de que es la que uno encuentra aún cuando bucea por Internet. Objetivo cumplido.
Hace pocos días, con Polonia ardiendo por el alevoso golpe institucional del primer ministro Tusk contra el Tribunal Constitucional, apareció un fulano llamado Michal Oksinski en Cracovia y abrió fuego contra la gente. De inmediato el Gobierno polaco difundió la noticia de que se trataba de un acto terrorista y que el autor era un activista radical de ideas ultraderechistas, como las que el propio Gobierno atribuye a los que protestan contra Tusk. Se tardó poco en saber, sin embargo, que el tal Michal Oksinski acababa de asesinar también a su familia, que era un militante radical, sí, pero de la movida LGTB, y comunista y anticristiano, y que el arma con la que ejecutó los asesinatos se la había regalado su propio padre. Da igual. La prematura versión oficial parece haberse impuesto hasta el punto de que todavía la repiten los medios de comunicación del sistema. Objetivo cumplido, una vez más.
En Alemania, el Gobierno ya ha dejado caer en varias ocasiones que podría contemplar la ilegalización de Alternativa por su supuesto «discurso de odio». En Francia, un portavoz del Consejo de Estado, que allí forma parte del poder judicial, asomó hace poco la patita evaluando la posibilidad de impedir que el partido de Marine Le Pen se presente a las elecciones; fue rápidamente corregido desde el propio Consejo, pero ahí ha quedado la amenaza. En Hungría, la coalición multicolor amparada por Bruselas mantiene en prisión preventiva indefinida a dos ex ministros de Orban, con el habitual procedimiento de fabricar un dossier acusatorio sin prueba verificada. En Rumanía ya se anuló el resultado de unas elecciones que perjudicaba a Bruselas. Eso que se llama «globalismo» no es un fantasma ni una elucubración: es la línea política concreta de una oligarquía que ha sumido a los europeos en un caos de inmigración masiva, escasez energética, dependencia industrial y desmantelamiento agrario. Esa oligarquía ha ganado mucho poder. Los europeos de a pie lo hemos perdido. Los oligarcas estarán dispuestos a cualquier cosa para no verse descabalgados. Vendrán más atentados de falsa bandera. Ya no hace falta fabricarlos: basta con imponer el relato mediático cuando se produzcan. Esperemos que no pase en España, donde el Gobierno, siervo de esa misma oligarquía, ya ha demostrado una excesiva intimidad con el crimen organizado.
