«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Esa justicia tan… relativa

14 de febrero de 2014

El manifiesto de 33 magistrados catalanes considerando válido el llamado por los independentistas ‘derecho a decidir‘ es la penúltima muestra de como en un país como el nuestro, antes llamado España, la perversión del sistema ha llegado a tal extremo que la Justicia y los jueces están dispuestos a poner su firma bajo cualquier premisa por ilegal o inconstitucional que esta pueda llegar a ser. Y de como se ha llegado a tal inversión en los procederes lógicos de cualquier Estado de Derecho que, en primer lugar se coloca el objetivo político – en éste caso la independencia – y después se buscan las herramientas necesarias para apuntalarlo jurídicamente – o así -. Bien lo saben algunos procesados de postín -que lo fueron, como Mario Conde- y bien lo han escrito y descrito; de qué modo y en qué manera fueron, primero víctimas de una condena política y después, de un tortuoso y alambicado procedimiento legal – que muchos podrían llamar sin ambages prevaricador – para conducirles durante años a una celda.

Sucede además que en las últimas horas hemos conocido que el Tribunal Constitucional tampoco tiene claro que, nada menos que el Gobierno de España, tenga capacidad para impugnar la declaración soberanista que el ejecutivo autonómico -que lo es en virtud de las leyes españolas – hace de una parte del territorio nacional. No vamos a abundar en el ya conocido argumento, desde ex-presidentes del Gobierno como Felipe González hasta juristas con décadas de brilante y prestigiosa ejecutoria, profesional y académica, han utilizado de que en ese hipotético referéndum también deben votar y decidir los andaluces, o los catellanos o los asturianos, un suponer, porque Cataluña es una parte de España y España es tal porque en ella se contiene a Cataluña. Baste señalar que si el Tribunal Constitucional, garante de la salvaguarda de la Ley Suprema que rige nuestros destinos no tiene claro -o aún teniéndolo lo supedita a bastardos intereses políticos- que el sujeto de la voluntad nacional es el conjunto del pueblo español y no sólo una parte, estamos perdidos.
Por eso, cada día más, suenan a broma macabra todas y cada una de las declaraciones, repetidas ‘ad infinitum’ por políticos de toda laya acerca de su respeto a las decisiones de los tribunales. ¿No será que las respetan porque son ellos quienes las sugieren e impulsan?. O al revés; ¿son los tribunales los que, con su inmenso poder pueden determinar según qué comportamientos políticos, como hemos visto en otro tipo de asuntos, como los que tienen que ver con la llamada ‘corrupción de guante blanco’. Hay días en los que a uno le cambian los personajes y le deshacen la trama por completo. Aunque el atrezzo siga siendo el mismo.
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