Cataluña, con casi 60.000 delegados, lidera la clasificación de las comunidades autónomas españolas en materia sindical. Una región en la cual, los jóvenes de entre 14 y 24 años usan el español como lengua prioritaria en su ocio. La conexión entre ambos datos podemos establecerla acudiendo a la última resolución de la Comisión Obrera Nacional (sic) de Cataluña, titulada, Treballem en català! (Trabajemos en catalán). El argumento principal dado por esta comisión que debería servir a la clase obrera, pretendidamente universal, aunque negada con ese «nacional» que figura en su nombre, es que el idioma del nada leído Verdaguer es «un elemento de cohesión social y de igualdad de oportunidades». Lleno de trampas, el manifiestillo se apoya en el manido argumento de la «normalización lingüística» y en el modelo de escuela catalana, esa que excluye casi por completo a la lengua que mayoritariamente hablan los susodichos jóvenes en los ámbitos en los que no operan comisarios políticos y fanáticos lenguaraces. La contradicción es evidente y muestra hasta qué punto las políticas que desde hace medio siglo tratan de erradicar el idioma de Cervantes, tan elogioso para con Cataluña en su obra magna, han fracasado allí donde no imperan la coacción o los intereses económicos, pues en torno al catalán ha fraguado un importante negocio, palabra que, literalmente, significa, no ocio. Sirva como muestra de esto último, la graciosa concesión de Pedro Sánchez a sus socios secesionistas, de un canal que pagaremos todos los españoles, que emitirá íntegramente en catalán y que servirá para colocar a un buen número de propagandistas de la causa catalanista.
Las contradicciones, aunque esto a las sectas catalanistas poco le importe, se arremolinan en torno a la lengua regional que, a pesar de ser considerada propia, es menos hablada que la entendida como impropia. Prueba de ello es el hecho de que el presidente de la Generalidad, que rara vez usa el español en sus comunicaciones, ha tenido, bien que a su pesar, que rectificar ciertas políticas de imposición lingüística: las que afectan al personal sanitario. Siendo el español una lengua impropia, resulta que en Barcelona, el 53% de las nuevas colegiaciones las hacen facultativos llegados de fuera de la Unión Europea, siendo los argentinos, colombianos, cubanos y venezolanos los más frecuentes. A este contingente ha de sumarse un 15% de sanitarios formados en provincias españolas no catalanas. El hecho de que exista un 30% de plazas de médicos sin cubrir, lo que provoca que más de 200.000 catalanes lleven más 18 meses esperando el análisis de su expediente de incapacidad laboral, algo que debiera preocupar a los sindicatos más que la lengua en la que se realiza la anamnesis, ha obligado a Illa a rebajar la exigencia del conocimiento del catalán a un simple B1, dando un plazo de 3 años a quienes ahora se incorporen a la sanidad catalana para alcanzar el nivel C1.
Pese a la ingente de millones invertidos por los gobiernos locales desde el comienzo de la democracia, el español, abandonado por el poder central, sigue siendo la lengua mayoritaria de los catalanes y lo seguirá siendo por mucho tiempo, para alimentar el pingüe negocio que, parapetado en victimismo, ha cristalizado en torno a la segunda lengua más hablada en la región.
