El pasado 10 de septiembre, Félix Bolaños, en un tono que parecía ir dirigido a un público entre infantil y etimológicamente imbécil, es decir, incapaz de sostenerse por sí mismo, criticó el revés recibido por el Tribunal Supremo al solicitar la suspensión de la inclusión en el CERA de quienes no acrediten ser descendientes de exiliados. Con el tono susurrante con el que el progrerío trata de engatusar a sus sectarios, estilo inaugurado por El Collares que arrumbó el «por consiguiente» de Felipe González, Bolaños señaló a la «ultraderecha», es decir, a VOX y a su entorno, como a una tenebrosa facción movida por antidemocráticas pulsiones atávicas. Lobito con piel de cordero, Bolaños se dolía del contagio ultraderechista que habría afectado al Partido Popular y recordaba que el recuento del voto CERA de las pasadas elecciones generales dio un escaño más a los de Génova y uno menos a los de Ferraz. Oportunamente, y no le falta razón al ministro, dijo que el propio Feijoo ya pidió el voto para los descendientes de emigrantes gallegos. Eran otros tiempos, aquellos en los que don Alberto, que se jactaba de hablar siempre en gallego, decía que Galicia era una nación sin Estado…
Conviene también recordar que la Ley de Memoria Democrática se aprobó en octubre de 2022, meses antes de que Sánchez obtuviera los escaños suficientes para, entrega a los filoetarras y secesionistas de todo pelaje mediante, permanecer en La Moncloa. El hombre que surgió del vaho tenía hechas sus cuentas antes de que cayera la noche sobre la jornada electoral. Días antes, Zapatero había anunciado un «sorpresón» favorable al PSOE. Tres años después, las encuestas ofrecen un panorama preocupante para un PSOE que ha fagocitado a unos compañeros de viaje que siguen el consejo de Tierno Galván: «A colocarse y al loro». Yolanda Díaz e Irene Montero ya se han dado a esa tarea.
En estas circunstancias, con un electorado que, en gran medida, da la espalda al embuste que preside España, urge buscar o, por mejor decir, fabricar otros nichos de votantes. Y en esta búsqueda, la exigencia del TS —la aportación de una «prueba individualizada y digitalizada de ser hijo o nieto de padre o abuelo originariamente español exiliado de España por las razones de persecución indicadas en una disposición adicional octava de la Ley 20/2022»— supone un serio obstáculo para la estrategia gubernamental. Un revés que ha hecho brotar otro susurro de los labios de Bolaños. «Pido respetuosamente al TS que resuelva este tema antes de las elecciones de 2027», ha dicho en X sin rubor alguno el ministro, mostrando el verdadero propósito de una nacionalización masiva en la que, curiosamente, no habían caído ni Felipe González ni el amigo de Julito Martínez. El final de su gorjeo es revelador: «El censo no puede alterarse sin base legal sólida».
Hay prisa en el Consejo de Ministros. Por eso, el Gobierno, que ve peligrar el puchero que con tanto denuedo ha fabricado, apremia al Tribunal Supremo a dictar una sentencia definitiva para poderla llevar al Tribunal Constitucional donde presentará la decisión de unos jueces a los que todavía no ha llamado fachas como el intento de vulneración de un derecho fundamental: el del voto. Los propagandistas ya preparan el terreno. Las asociaciones de jueces afines, también. Sin embargo, la cuestión de fondo es muy diferente a la que plantea el Gobierno y sus corifeos. Lo que se discute no es el derecho de voto de un español sino si aquellos a los que, con urgencia, se quiere ver ante las urnas son, efectivamente, españoles.
