Dicen que nadie cuestiona el «derecho de los nietos». Mentira. Se cuestiona, y mucho. Se cuestiona que alguien que no ha pisado España en su vida, que no sabría situar Lugo en un mapa ni tiene la menor intención de aprenderlo, reciba la nacionalidad por correo certificado como quien canjea un cupón de supermercado. Y se cuestiona, sobre todo, que lo único que vaya a hacer con ese pasaporte sea votar. Votar aquí, sobre nuestra vida, desde una residencia a diez mil kilómetros de distancia.
La nacionalidad no es una estampa en sepia del abuelo ni un recuerdo nostálgico de sobremesa. Es un contrato de pertenencia. Otorga derechos porque exige obligaciones: cotizar aquí, pagar impuestos aquí, sostener los servicios públicos, padecer el mercado de la vivienda y aguantar, como todo hijo de vecino, las ocurrencias del Gobierno de turno. Quien no vive, no aporta, no tributa ni padece las consecuencias de lo que se vota no es un compatriota con mala suerte geográfica. El resultado es la perversión perfecta de nuestro sistema: derechos plenos para quienes no asumen ninguna obligación, y obligaciones acumuladas para los españoles que tendrán que vivir con lo que voten otros. Es un espectador al que Moncloa le regalaría un mando a distancia para decidir cómo se gestiona la casa de los demás.
El Gobierno vende esta aberración como un ejercicio de «memoria», pero la ejecuta con la calculadora en la mano. La ley ya era un coladero, pero las instrucciones posteriores, como la famosa instrucción de Sofía Puente, hoy bajo la lupa del Juzgado 35 de Madrid por presunta prevaricación, la estiraron hasta la parodia. El resultado es un escándalo de dimensiones históricas que roza el fraude masivo. En lugares como México o Argentina, el «café para todos» diplomático ha transformado milagrosamente a los nietos en bisnietos, tataranietos y hasta en señores que soñaron una noche con un pariente gallego. En las delegaciones mexicanas se habla ya de 50.000 nacionalizaciones irregulares, mientras los propios funcionarios filtran aterrados que ni un 10% cumplía los requisitos legales y que se llegó a la manipulación de fechas para colar expedientes fuera de plazo. Una auténtica orgía de falsificación de documento público con la que han podrido la red exterior.
Nada de esto es nuevo. Gógol ya lo contó en 1842. En Almas muertas, Pável Chíchikov recorre las fincas de la Rusia profunda comprando a precio de saldo los siervos fallecidos que, por obra y gracia de la burocracia zarista, seguían vivos en el último censo. Los terratenientes se los venden encantados, porque así se ahorran el impuesto, y Chíchikov los acumula a cientos para hacerse pasar por gran propietario y pedir préstamos con ellos como aval. No le hace falta que existan: le basta con que consten. Ciento ochenta años después, Exteriores ha redescubierto el truco. No hablo de las personas, que existen y hacen su vida al otro lado del Atlántico, sino de lo que representan en el censo: nombres sin vínculo, inscripciones de papel que jamás pisarán un colegio electoral español pero cuyo voto contará exactamente igual que el suyo o el mío.
Y en medio de este naufragio, la maniobra de Ángel Gabilondo ha rozado el ridículo más absoluto. El Defensor del Pueblo corrió a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar salvar el voto de 163.020 nacionalizados por este coladero, pisoteando sin sonrojo su propia doctrina de no acudir al TC sin agotar la vía judicial previa. Pero el tiro le ha salido por la culata. La jugada de Moncloa ha naufragado con un sonrojante 10 a 2 en el TC. Deshecho el atajo, la luz de los focos regresa implacable sobre el verdadero responsable: José Manuel Albares, aquel diplomático que asomaba junto a un Sánchez de gafas oscuras en la foto del Falcon y que lleva dos décadas sabiendo a quién debe el despacho. No es un funcionario desbordado; es un fiel en misión. Ante la orden ejecutiva del Supremo para depurar el censo antes de las elecciones del 29-N, Exteriores ha optado por el arrastre de pies y la negligencia orquestada. Decir ahora con pasmosa frialdad que es «materialmente imposible» clasificar a tiempo quiénes son descendientes reales y quiénes entraron por la puerta falsa no es un problema técnico, es una burda excusa para dejar pasar el tiempo y colar un censo adulterado.
Pero a Albares se le han agotado los trucos. En la mesa de su despacho tiene ya un burofax fulminante avisando de que esta resistencia pasiva cruza la frontera del trámite administrativo para adentrarse de lleno en la prevaricación y el delito electoral. Con las papeletas a punto de salir y el Supremo dispuesto a hacer cumplir su resolución, el ministro ya no tiene donde esconderse: o acata de inmediato la resolución del Tribunal Supremo o asume que el desacato consumado de su departamento lleva su propia firma. Chíchikov, al menos, tuvo la decencia de salir huyendo de la ciudad cuando se destapó el negocio. Albares pretende quedarse a contar los votos.