La prestidigitación es el pan de cada día. El arte que ha perfeccionado Pedro Sánchez desde su aterrizaje en el Palacio de la Moncloa. Hacer desaparecer la separación de poderes es el último de sus números, con un simple paso de manos. Recuerden cómo el presidente del Gobierno ya dijo que gobernaría incluso sin poder Legislativo. Para el Judicial, los planes eran otros, y estamos siendo testigos de ellos.
El Tribunal Constitucional, antaño garante de la Constitución, se ha convertido en su varita mágica y, así, intenta mutar, en un ejercicio de ingeniería jurídica, en la última y definitiva instancia del país, relegando al Tribunal Supremo a un mero y testimonial actor secundario del panorama judicial español. Y es que el TC no es un tribunal al uso; tiene más tinte político que judicial. No depende del poder judicial, y su función se limita a garantizar nuestra Carta Magna y los derechos fundamentales. Sin embargo, lo que el Constitucional de Conde-Pumpido está haciendo no es simplemente velar por la legalidad, sino jugar al parchís con las competencias judiciales, comiéndose las casillas que le convienen y retorciendo las normas cuando sea necesario. Su función debería ser la de árbitro, pero, bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, se ha convertido en el delantero estrella del equipo gubernamental. Si una sentencia molesta, se revisa. Si una ley necesita barniz de constitucionalidad, se le da. ERE, Dolores Delgado, aborto… lo mismo da.
Está entrando de lleno en la jurisdicción ordinaria y sentencia sobre casos que, por derecho, corresponden a jueces y tribunales. Y todo ello, en un impecable e inmóvil resultado de siete a cuatro. El propio Tribunal Supremo ya ha lanzado un aviso y, entre líneas, podemos entender que le dice al Constitucional que se está metiendo donde no le llaman y que puede que la jugada le salga cara, porque «no tiene carta blanca». Los siete magistrados progresistas del Constitucional mantienen un bloqueo sistemático contra los otros cuatro, asegurando que toda sentencia salga con un resultado prefijado y favorable a intereses de arriba: siete a cuatro. Esos cuatro podrían iniciar el bloqueo contra los otros siete y darle la vuelta, forzar la parálisis en el Constitucional y no acudir, por fuerza mayor, a esas votaciones, provocando, de este modo, que no se diera el quórum mínimo que se necesita. Dirán algunos que esto mejor no, por institucionalidad y sentido de Estado, cuando el que juega enfrente usa todas las trampas habidas y por haber.
No estamos ante un golpe de Estado en el sentido clásico, pero sí ante un golpe de genialidad política: hacer que la Justicia actúe como garante de su propio poder, con la connivencia de un PP que, en un arrebato de ingenuidad o de masoquismo, colocó a Conde-Pumpido. Una lenta y metódica erosión del equilibrio de poderes. El Constitucional, secuestrado por una mayoría servil al Gobierno, se erige en tribunal supremo sin serlo, desdibujando las fronteras entre la política y la justicia.
Lo divertido del asunto es que todo ocurre a plena luz del día, sin necesidad de oscuras conspiraciones. Lo más increíble de los milagros no es que ocurran, sino que la gente los acepte con absoluta normalidad, como una cosa mundana. Y el mayor milagro de Sánchez no es gobernar España, sino haber convencido a tantos de que lo hace con respeto a las reglas del juego. Lo del Constitucional no se trata de garantizar la Constitución, sino de garantizarse a sí mismos.