El debate público en torno a la eutanasia de Noelia Castillo ha quedado rápida y convenientemente encauzado hacia una discusión previsible. Que si el Estado falló, los servicios sociales fueron negligentes o la sociedad no supo proteger al débil. Entre unos y otros, nadie proporcionó a la joven una «vida digna» que no le hiciera desear la muerte.
Al menos se ha hablado de «ejecución» con propiedad. Sin tratarse de un asunto penal, el caso reproduce —de forma perturbadora— algunos de sus rasgos formales: un procedimiento reglado, evaluaciones de expertos, validaciones administrativas y resoluciones judiciales en varias instancias, incluidos los tribunales europeos. Todo un aparato institucional que concluye que esa vida puede ser legal y legítimamente terminada. No estamos ante un fallo del sistema, sino ante su engranaje ordinario rodando. Funciona exactamente como ha sido diseñado. Lo inquietante no es la ausencia de garantías, sino su presencia.
La polémica articulada alrededor de la desprotección social y estatal que sufrió la chica catalana sigue los derroteros previstos. Tiene lugar en un marco que ya da por resuelto lo esencial: elimina el concepto de dignidad intrínseca del ser humano independientemente de sus circunstancias. La expresión «vida digna», repetida como un mantra, introduce sin ruido una distinción decisiva. Si hay vidas dignas, existen otras que no lo son. Aceptado el criterio, lo que se presenta como crítica al sistema no es más que una bronca doméstica que lo legitima. El Estado sentado y nosotros bailando a su son.
Así, pasado el horror inicial y con la Semana Santa y la Feria de Abril apremiando, el trauma colectivo por la aberración cometida quedará pronto en lo que es: un tabique más derribado chez Overton. Se reproduce el itinerario clásico que ya recorrió, por ejemplo, el aborto. De la excepción trágica a la normalización progresiva por acostumbramiento. Y, de ahí, a su consagración como derecho en las constituciones.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 preparó el terreno. Lo que debió ser una ley superior, inherente a la naturaleza humana e inmutable —prepolítica— quedó sin fundamento. Los DD. HH., edificados sobre el consenso, sin una base objetiva como la ley natural o la racionalidad ética, son bastardeados por el poder de turno y la ideología dominante. Dejan de proteger a la persona y se convierten en herramientas para satisfacer sus pulsiones totalitarias y moldear a la sociedad.
Es decir, los derechos dejan de ser reconocimiento de algo dado (la dignidad inherente) y convierten la libertad individual en el criterio supremo. La conciencia queda desvinculada entonces de un orden moral objetivo. La vida humana subordinada a esa libertad pierde su inviolabilidad y pasa a ser un bien disponible, según criterio de utilidad o «dignidad», dando lugar a una cultura que legitima su eliminación en determinadas circunstancias. Lo de «cultura de la muerte» empieza a quedarse corto, en vista de que hay verdaderos yonquis en esto de dar matarile a los demás. Con esta mentalidad instaurada, ni siquiera es necesario obligar a un sistema sanitario, que en muchos casos coopera con devoción. En general, la sociedad que acepta la cultura de la muerte como una conquista de la libertad acaba convirtiéndose en esclavos del poder que le «concede» esa libertad perversa. Como Fausto se convertía en esclavo de Mefistófeles.
Mención aparte por su inestimable colaboración a la cultura de la muerte merecen los medios de comunicación. Carlos Francino se preguntaba el otro día dónde estaba la compasión de los que trataban de impedir la eutanasia de Noelia. El repugnante emotivismo es sumamente eficaz para que el oyente acabe convencido de que administrar un jeringuillazo de propofol a una joven con problemas mentales es una práctica humanitaria. En otros casos, se ha aprovechado para darle lo suyo a los católicos (alguien tendrá que defender la ley natural). Rellenando el hueco que deja su «renuncia explícita» a Dios con ideología, hemos leído artículos en revistas que se dicen «de pensamiento y ética contemporáneos» que podría haber firmado el mismísimo y lisérgico Aleister Crowley (Do what thou wilt shall be the whole of the Law). Recordemos, de hecho, que no hace tanto se hablaba de «la mamarrachada del orden natural» desde las páginas del «diario conservador».
La vida de Noelia era digna y valiosa sólo por su humanidad. Su sufrimiento y las atrocidades que padeció, aquello que la convertía en frágil y vulnerable, debió constituirla en prioridad para nuestra protección, no en excusa para su eliminación.
La vida de Noelia era digna. No se entra en diálogo con el enemigo asumiendo sus categorías morales y lingüísticas. Es imprescindible abandonar el marco mental ideológico y pegajoso del poder. Sólo así podremos enfrentar a la sociedad con su crimen.