Se ha presentado ya el acuerdo entre Junts y el PSOE para delegar en Catalunya (ya nunca más Cataluña en documento oficial) las competencias estatales en inmigración. Esto se hace, por supuesto, «dentro de la Constitución», bajo el ceño sancionador del Rey (rúbrica de gravedad), con la ya casi reglamentaria queja sectorial (esta vez las asociaciones de guardias civiles) e invocando el cómico artículo 150.2 de la Constitución, precepto en virtud del cual el Estado podrá delegar o  transferir facultades en materias que sean susceptibles de delegar o transferir.

Tras el golpe catalán de 2017, el Sistema no se quedó quieto y procedió a acordonar y someter a escarnio público a los que reaccionaron. El resto se instaló en el autonomismo frenético y en lo que va después del autonomismo. A los separatistas se les amnistió, y ahora, con total coherencia, se les quita la deuda de esos años locos, y sin haberles retirado ni una herramienta estatal, se le den nuevas para futuros golpes. Esta misma Ley Orgánica prevé la necesidad de aumentar el número de Mossos (España no necesita la injerencia exterior de nadie para armar una secesión).

Esto ya es en sí mismo escandaloso, aunque nadie salvo cuatro se escandalice, pero el acuerdo presenta además una particularidad, un salto cualitativo en la evolución del 78.

Su Exposición de Motivos es un hito en materia de inmigración.

Se reconoce ya su carácter «poliédrico» y se hacen consideraciones de tipo étnico y cultural. Se habla del extranjero que habita en Cataluña y de esa categoría única del que sin ser extranjero «procede de fuera», limbo español de ciudadanía…

La exposición de motivos es un documento curioso. Si no fueran socios del PSOE, pensaríamos que estamos ante la temible ultraderecha europea (el PSOE está en otra Liga e inventa el partido de los antipatriots).

Los inmigrantes, leemos, tienen derechos, pero también deberes y ha de tenerse en cuenta no solo su impacto en los servicios públicos sino también en el «marco cívico», en una «cultura», incluso el «impacto en la lengua catalana». Al inmigrante se le ha de «integrar a la catalanidad».

Aquí desaparece ya toda multiculturalidad y la visión solo economicista. El camello inmigratorio ha de pasar por el ojo de la aguja catalana: la lengua, la cultura y los valores.

¿Se imaginan una normativa sobre inmigración que tuviera en cuenta la necesidad de calibrar el impacto en la lengua española, en la españolidad misma o en la catolicidad cultural?

Sánchez ha nacionalizado a casi un millón de personas y no le hemos visto preocupado por eso. Pedro Sánchez va por la vida con su millón de nuevos españoles y no le ha importado.

Se abre aquí otra maravilla dual del putrefacto régimen español: para la España no singular, la sustitución demográfica (con todas las letras) y para Cataluña, el control étnico-lingüístico de la población.

Un régimen migratorio dual: por un lado, barra libre: millones de personas de cualquier sitio a toda velocidad; por otro, un etnoestadillo que además sea antiespañol. El Estado plurinacional puede así asumir un reto aun mayor, un nuevo giro de originalidad mundial: agilizar la disolución de la nación española mientras garantiza la eternidad de la catalanidad.

Si hay dos niveles en lo fiscal y en lo cultural, ¿por qué no en la inmigración? No es nada descartable que le paguemos a Cataluña ser una Hungría del Mediterráneo mientras nos siguen llamando fascistas.