He leído las referencias en prensa de la sentencia que el Tribunal Supremo acaba de dictar sobre el ex-Alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, el que pronunció aquella conocida frase de que en España la Justicia era un “cachondeo”. No estoy seguro de que esa afirmación suya, que constituyó, como digo, casi un mantra de uso común, no influyera en los magistrados, porque la sentencia es especialmente dura con el antiguo  y casi eterno regidor de la ciudad de Jerez de la Frontera.

Y la dureza no reside exclusivamente en el hecho de la condena a cinco años de prisión, y ni siquiera en que haya incrementado en un año la que le impuso la Audiencia Provincial de Cádiz, lo que no es demasiado usual en la resolución de recursos de casación, aunque yo haya sufrido una excepción descomunal en este punto. Los hechos  por los que se le condena residen en el pago de cantidades que ascienden a algo mas de doscientos mil euros a dos colaboradores suyos con cargo al erario municipal. El Supremo insiste en que para el nombramiento de esas personas “no siguió procedimiento alguno”, lo que, en puridad, sería una irregularidad administrativa, pero no un delito. La conversión en una figura penal deriva de que los que recibieron el dinero no efectuaron —dice la sentencia— contraprestación alguna. Esto ya es harina de otro costal, precisamente del punitivo, porque es equivalente a tomar el dinero público y regalarlo a unos amigos, de tal manera que el encuadre en la figura de malversación de caudales públicos resulta ineludible. 

Pero, claro, a la luz de este pensamiento es inevitable recordar que a Urdangarin parece que ser que ciertas autoridades administrativas le entregaron cantidades de dinero muy superiores a las dispuestas por Pacheco y, según parece, el citado no efectuó contraprestación alguna real, o, cuando menos, no por el importe recibido, lo que convierte al exceso en una liberalidad de idéntica sustancia. Y lo digo porque no recuerdo que todas esas autoridades se encuentren imputadas en el tedioso procedimiento seguido ante el Juez Castro, en el que todavía queda por decidir si Cristina, la hija del Rey padre, finalmente tendrá que someterse al juicio oral o será nuevamente descargada de esa pena de banquillo por la Audiencia de Palma de Mallorca.

Pero lo mas grave de la sentencia reside en lo que llama el “daño inmaterial”. Merece la pena transcribir el párrafo literal: afirma el Supremo  que existió «un daño no por inmaterial menos efectivo y de claro contenido demoledor, constituido por la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus instituciones». Añade que «nada lesiona más la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes políticos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos son los primeros custodios”. 

Estoy de acuerdo con el Supremo en que ese daño inmaterial es real y provoca el efecto que denuncia. Pero si somos sinceros deberíamos reconducirlo no exclusivamente a los actos de los representantes políticos, sino a todos los que incumplen la Ley. Los primeros “custodios de la legalidad”, por emplear la terminología de la sentencia, no son los representantes políticos, sino precisamente los jueces, fiscales y magistrados, en sus diferentes niveles e instancias. Lo que causa un efecto demoledor, muy superior al pago de esas cantidades, es ver como ciertos fiscales, por ejemplo, acusan o dejan de acusar siguiendo instrucciones del poder político. Lo que causa un efecto demoledor es comprobar como ciertas sentencias parecen dictadas siguiendo las órdenes del poder, sea para absolver a culpables o para condenar a inocentes. Lo que causa un efecto demoledor es comprobar la existencia de un doble rasero en la aplicacion de la Ley segun se trate de amigos o perseguidos del poder. Eso sí que tiene un efecto verdaderamente demoledor entre la ciudadanía, porque de nada sirven leyes puras y limpias si finalmente, en su fase de aplicación, tropiezan con fiscales o jueces que solo sirven al poder y parecen dispuestos a sacrificar el Derecho. Por ello mismo, sin duda de acuerdo con esa afirmación del Supremo, pero convendría que reflexionara también sobre lo que sucede en ciertos ámbitos o sectores del aparato institucional de la Justicia, que ha provocado que sea una de las instituciones peor valoradas por la ciudadanía.