Que un aumento en la demanda sube el precio de un bien puede ser una evidencia o un bulo según quien lo sostenga. Para pasar de una cosa a otra necesitamos los estudios académicos. A partir de ese momento, las cosas se pueden decir.

Se acaba de publicar un estudio (Anna Piil Damm, Ahmad Hassani, Anil Kumar, Juan Carlos Parra-Alvarez) sobre el impacto de la inmigración en la evolución de los alquileres en Dinamarca.

Han observado que una afluencia de inmigración equivalente al uno por ciento de la población, durante cinco años, sube los alquileres y el precio de las viviendas alrededor del 6 por ciento y el 11 por ciento, respectivamente.

Para el período de observación de 1999 a 2016, la inmigración a Dinamarca representaría aproximadamente el 62% de la subida del precio de la vivienda a nivel municipal.

Hay más trabajos que estudian la relación entre la inmigración y los alquileres. La llegada masiva de refugiados ucranianos a Polonia a raíz de la guerra con Rusia, estudiada por Trojanek y Gluszak, incrementó en 2022 los alquileres en Cracovia en un 16,5% y en Varsovia un 14%.

En España, la economista Rosa Sanchís-Guarner ha estudiado el efecto de la inmigración en la vivienda durante los primeros años del siglo XXI, cuando el número de nacidos en el extranjero aumentó de 2,5 millones de personas en 2001 a 6,7 millones en 2012 (lo que vivimos no es del todo nuevo).

Los resultados del estudio indican que ante un aumento de la tasa de inmigración de un punto porcentual, los precios promedio de la vivienda aumentan un 3,3%.

Que los estudios sobre el impacto económico de la inmigración vengan de países nórdicos quizás tenga que ver con la importancia que allí ha tenido el Estado de Bienestar. Su sostenimiento ha sido la justificación para la inmigración masiva en Europa.

En el mencionado estudio danés, los autores, que no entran en el fondo del asunto, concluyen que sus hallazgos apoyan dos tipos de medidas: la construcción de vivienda social o una redistribución de las ganancias de la inmigración a quienes soportan su carga. Este debate aquí no se ha tenido en absoluto.

Fomentar la entrada de millones de personas en muy pocos años, como ha hecho Sánchez, que además presume de ello, sin aumentar el número de viviendas es un impuesto encubierto a los que viven de alquiler, normalmente personas con menores ingresos, y una grave irresponsabilidad, como mínimo. Un reciente estudio de Fotocasa explicaba que las mayores subidas del alquiler en Madrid no se daban en el Barrio de Salamanca sino en Vallecas, Usera y Villaverde.

Si nos paramos a valorar lo que supone la última subida anual del alquiler en España, estimada en 142 euros de media al mes, para unas economías que destinan un 47% del salario al alquiler, las conclusiones son deprimentes. Que no haya yihadismo arrendatario es un milagro.

Los PhD que rodean a los gobiernos conocen, por supuesto, estos estudios ¿o acaso no han mirado siempre con anhelo imitativo la socialdemocracia nórdica? Los PhD del futuro, al menos, harán tesis de Perogrullo sobre los datos españoles de estos años, según el fantástico proceso por el que un bulo se convierte en ciencia social.