El Ayuntamiento de Garrucha, en el Levante almeriense, acumuló 7,8 millones de euros en gastos sin contrato entre 2015 y 2024, durante la etapa de la exalcaldesa socialista María López Cervantes, según un informe de la Cámara de Cuentas. El actual alcalde, Álvaro Ramos, ha denunciado que el Consistorio «funcionó durante años al margen de los procedimientos legales y bajo un descontrol administrativo generalizado».
El informe fiscalizador señala graves irregularidades en la gestión municipal, entre ellas pagos sin cobertura contractual, uso abusivo de contratos menores, retribuciones superiores a las aprobadas por el pleno y una falta de control interno que afectó a millones de euros en obligaciones contables.
Uno de los puntos más relevantes del informe es la existencia de una caja en efectivo en el parking subterráneo de la Plaza Pedro de Gea desde 2014. Según la auditoría, sus movimientos no se contabilizaron y tampoco se realizaron arqueos de caja, lo que impidió el control ordinario de los ingresos y gastos vinculados a esa instalación municipal.
La Cámara de Cuentas también cuestiona el régimen retributivo de una concejala con dedicación parcial que percibía un salario idéntico al de ediles con dedicación total. Además, detecta importes en nómina superiores a los legalmente fijados por el pleno municipal para representantes públicos.
El informe apunta además al uso sistemático de contratos menores sin justificación suficiente y a la falta de fiscalización previa. El propio interventor municipal reconoció que en 2022 no realizó esa fiscalización por «falta de tiempo», lo que dejó sin control previo 9,2 millones de euros en obligaciones contables.
En materia de subvenciones, la Cámara de Cuentas recoge que en 2022 se concedieron 104.074 euros de forma directa, sin concurrencia competitiva y sin comprobar su justificación. Ese mismo año, la recaudación de tributos locales como el IBI y el IAE careció de cobertura legal al basarse en un convenio caducado.
Ramos ha cifrado en «hasta 11,5 millones de euros fuera de legalidad solo ese año 2022» el alcance del agujero administrativo y ha anunciado que el Ayuntamiento valora «trasladar el expediente a la Fiscalía». El alcalde ha asegurado que el municipio tendrá que poner en marcha «un nuevo plan de saneamiento» para afrontar las consecuencias de esa gestión.
El regidor mostró una montaña de facturas y denunció pagos de tabaco, «decenas de jamones», algunos de pata negra, langostinos, vino, hoteles, arreglos de viviendas particulares, vestidos, plantas y gratificaciones en metálico. Según Ramos, «las pagaban los políticos, saltándose el control de los funcionarios».
El alcalde también afirmó que se abonaron 140.000 euros en gratificaciones y que algunas personas afines al PSOE y militantes socialistas llegaron a recibir hasta 10.000 euros en metálico. Además, denunció «contactos con empresas alineadas con los socialistas de Almería para vender la recogida de basura de Garrucha».
Ramos, escindido de Izquierda Unida y alcalde con el apoyo de PP y VOX, acusa al PSOE de haber dejado «un pueblo hipotecado durante décadas». También alude a gastos en «hortensias, palmeras chinas y algunas plantas que no hemos visto jamás en las calles de nuestro pueblo» y sugiere que podrían estar «decorando las casas de algunos miembros del PSOE».
La exalcaldesa socialista María López Cervantes ha respondido a través de las redes sociales con un vídeo en el que acusa a Ramos de mantener una «obsesión» contra su gestión. La exregidora ha defendido que algunos de esos gastos respondían a eventos y actividades especiales celebradas durante su mandato.
«Deberían estar ayudando a mejorar la vida de la gente, en lugar de estar rebuscando para echar por tierra el trabajo de un grupo de personas que, si algo hicimos, fue ser honestos con nosotros y con nuestro pueblo», afirma López Cervantes. También acusa al actual alcalde de intentar hacerles quedar como «defraudadores y corruptos».
El informe de la Cámara de Cuentas eleva la tensión política en Garrucha, donde Ramos y López Cervantes mantienen desde hace años una fuerte confrontación institucional y judicial. El PSOE intentó tumbar ante el TSJA el nombramiento de Ramos como alcalde, mientras que el actual regidor también ha sido denunciado por realizar modificaciones en una finca rural de su propiedad sin permiso.
Por su parte, la exalcaldesa socialista acumula varias causas penales en los juzgados de Vera y está citada a declarar como investigada por malversación el próximo 23 de junio por el presunto reparto descontrolado de cheques y gratificaciones.
