«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Gallega en Madrid. Periodista apasionada por la información, defensora de la libertad y de España. Redactora Jefe en El Toro TV y al frente de 'Dando Caña'.

Primero los nuestros

20 de noviembre de 2026

El diccionario de la lengua española define «invadir», en su segunda acepción, como «ocupar anormal o irregularmente un lugar». No dice nada de tanques, ni de uniformes, ni de banderas extranjeras clavadas en la arena. Basta con entrar donde no se tiene permiso, en un número que el lugar no puede absorber y sin que nadie lo impida. Conviene recordarlo ahora que a la izquierda le da urticaria la palabra, porque lo que no se nombra con precisión no se puede combatir.

Y si alguien duda de que la palabra es exacta, que repase lo que ocurrió en Ceuta el 30 y el 31 de julio. Miles y miles de personas cruzaron desde Marruecos. Hubo decenas de muertos en el agua y hubo que desplegar al Ejército en las calles de una ciudad española. Fue el propio Pedro Sánchez quien lo llamó «ataque» y «violación de la integridad territorial de España». Casi cuatro meses después, Ceuta sigue tutelando a más de 3.600 menores y el Gobierno no ha devuelto a ninguno. La violación de la integridad territorial que denunció Sánchez se ha quedado en una frase de comparecencia.

De Ceuta se ha pasado a Canarias, y en concreto a El Hierro, la isla más pequeña del archipiélago: 269 kilómetros cuadrados y unos 12.000 vecinos. En la primera quincena de noviembre desembarcaron allí 9.090 personas en 96 cayucos, el 83,7 % de todas las llegadas a Canarias en ese periodo. El acumulado del año ronda las 17.000, de modo que la isla ha recibido en unos meses a más gente de la que tiene censada. El sábado pasado se batió el récord de los 32 años de la ruta canaria, con 1.580 llegadas en solo 15 cayucos, el 84 % de ellas en El Hierro. Entre el viernes y el domingo desembarcaron más de 3.160 personas en una isla que no tiene dónde meterlas, y por eso duermen hacinadas en el suelo del puerto de La Estaca. Fernando Clavijo, que no es precisamente sospechoso de alarmismo, reconoce que tras sus reuniones con Ángel Víctor Torres la situación no mejora, sino que empeora. Y la única respuesta de Moncloa ha sido fletar aviones del Ejército del Aire para llevar a los recién llegados a Madrid lo antes posible y que el problema no se vea en plena campaña. No se busca resolver nada, sino que el asunto desaparezca de las portadas.

Todo esto llega pocos días después de que el Gobierno difundiera un anuncio institucional sobre el acceso universal a la sanidad. En Senegal, en Mauritania y en Gambia ese mensaje se entiende perfectamente, aunque en Moncloa finjan que no. Mientras tanto, Europa se mueve. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos acaban de pactar con Ruanda un centro de deportación. Si el norte endurece las expulsiones y el sur sigue con las puertas abiertas, ya sabemos adónde irá quien esté en situación irregular. España se convierte así en el refugio dentro de la Unión.

La izquierda responde a todo esto con su argumento favorito: los derechos son universales, la sanidad es universal y las ayudas son universales. Muy bien, pero sigamos el razonamiento hasta el final. El día que aterricen los extraterrestres, que no tardarán si se enteran de lo bien que se vive aquí, el Gobierno les tramitará el ingreso mínimo vital, les pondrá un mediador intercultural y abrirá una línea de subvenciones para asociaciones de defensa del colectivo alienígena. Porque, claro, tienen derechos. Y quien pregunte quién paga todo eso será tachado de xenófobo interplanetario.

En el otro lado del tablero tampoco faltan las ideas confusas. Cayetana Álvarez de Toledo, número dos de Feijoo para el 29N, acierta en lo fundamental cuando distingue entre inmigración legal e ilegal. Hay que hacerlo siempre, porque meter en el mismo saco a quien entra por la puerta con un contrato y a quien salta por la ventana es injusto con el primero. También acierta cuando dice que «no se puede entrar a saltos por la ventana cuando hay gente haciendo cola para entrar por la puerta». Pero en Elche dijo que necesitamos «inmigración que trabaje mientras los españoles se ponen a tener bebés», y eso es una visión de señorona que mira la inmigración como quien contrata servicio doméstico. Cayetana también mete a todos en el mismo saco, sólo que en otro distinto. Para ella el inmigrante sirve para trabajar mientras los españoles hacen otras cosas, como si no pudiera aspirar a más ni tener otro horizonte que cubrir el hueco que dejamos. Es un desprecio con buenos modales. Además, su planteamiento deja fuera lo esencial. No toda la inmigración viene a integrarse. Hay una parte que no viene a sumarse a España sino a cambiarla, que pretende que nuestros barrios, nuestras escuelas y nuestras costumbres se adapten a un islam político que choca con todo lo que somos. Contra eso no basta con pedir «integración en unos determinados valores» como quien añade una cláusula a un contrato. Y por encima de todo falta algo que en su discurso no aparece: los españoles tienen que ir primero.

Ya que hablamos de Cayetana, conviene hablar también de su metedura de pata. Esta campaña tenía una novedad sensata: se había aprendido de los errores de 2023 y la derecha no se estaba despedazando en público para regocijo de Sánchez. Pues Cayetana decidió romper la tregua acusando a Abascal de hablar el «lenguaje típicamente nacionalista catalán» por mencionar la identidad catalana. Mientras El Hierro se desborda, Ceuta sigue sin recuperarse y la Ertzaintza admite que no puede garantizar la seguridad de los actos del PP, la número dos de los populares dedica sus energías a dar lecciones de pureza conceptual a su posible socio. Es ese tono de profesora que corrige exámenes ajenos con bolígrafo rojo y la nariz levantada, un tono que nunca ha dado demasiados votos y que en Ferraz celebran cada vez que lo oyen.

Una nación no es un albergue ni una oficina de prestaciones abierta al mundo, sino una comunidad de personas que han levantado juntas un país, que lo sostienen con sus impuestos y que lo heredan de sus padres para dejárselo a sus hijos. El Estado que esos ciudadanos financian les debe a ellos, antes que a nadie, la cama del hospital, la plaza en la guardería, la vivienda protegida, el policía en la esquina y la frontera vigilada. Esto no es egoísmo. Es la obligación más elemental de cualquier Gobierno, la misma que tiene un padre con su familia antes de abrir la puerta al vecino: primero los suyos, y luego, si sobra, los demás. Un Gobierno que no entiende esto ha olvidado para quién trabaja, y un país que no lo exige ha olvidado lo que es. El 29 de noviembre los españoles tienen la ocasión de recordárselo a ambos.

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