La maniobra del Gobierno para manipular el censo electoral a través de la llamada «ley de nietos» ha puesto sobre la mesa una cuestión decisiva: la nacionalidad española, qué significa ser español. Podemos prescindir de los tejemanejes propagandísticos y de los burdos enjuagues censales del Gobierno. Con la «ley de nietos», un argentino casado con una argentina, que ha vivido en Argentina toda su vida, con hijos argentinos y hermanos argentinos, padres argentinos, tres abuelos argentinos y uno español, pasa a ser español por la voluntad discrecional de un Gobierno español. Es un perfecto absurdo, por más que una ley avale formalmente el disparate. Pero es importante explicar por qué.
Una nacionalidad no es un mero acto administrativo: poseerla implica la pertenencia a una comunidad política, y aquí la palabra «pertenencia» es tan importante como la palabra «política». La pertenencia significa que uno pertenece a algo y, a la vez, que uno siente que ese algo -una nación- le pertenece, que la posee junto con otros. La forma en la que uno pertenece a una comunidad y al mismo tiempo la posee es aquí lo estrictamente político: ser parte de una polis que da razón de lo que uno es en la vida pública. Es, por tanto, una cuestión esencial de identidad. Cuando uno dice «soy español» no está hablando sólo de un documento administrativo; de hecho, el documento sólo es la expresión formal de todo lo demás.
Una identidad política brota de la intersección de muchas cosas: una ley común, ciertamente, pero también un territorio, una lengua, unos parentescos, unos códigos de reconocimiento colectivo (eso que se llama cultura), una herencia histórica compartida, también una tradición religiosa… No es preciso que todas estas cosas se den con la misma intensidad, ni que se presenten en la vida cotidiana como una operación consciente; con frecuencia incluso nos pasan desapercibidas. Pero cuanto más nítidamente se perciben, más cohesionada está una comunidad política y mejor garantiza su supervivencia. La ley por sí sola no basta. No hay comunidad política posible si uno no comparte, en todo o en parte, la misma experiencia de su situación en el mundo.
Esto no quiere decir que alguien de fuera no pueda entrar en el círculo. Pero la operación exige una voluntad de participación, de implicación, de asunción de esa identidad colectiva. Incluso las naciones construidas sobre el aluvión de gentes venidas de otros lugares, como los Estados Unidos, se esfuerzan por promover elementos de reconocimiento común, eso que se llama patriotismo. En las naciones europeas, donde la forma política se superpone sobre otras muchas esferas de reconocimiento colectivo (territorial, religioso, cultural, etc.) también es perfectamente posible incluir a otro que viene de fuera. Tres figuras tan relevantes del patriotismo francés actual, como Bardella, Zemmour y su pareja, Sarah Knafo, son un claro ejemplo: de origen italiano el primero, judíos magrebíes los otros dos. Pero los tres, nacidos en Francia, abrazan una identidad local específica, se integran y se reconocen en ella, se implican en su historia y en su tradición. Son inequívocamente franceses. No porque lo diga su documento oficial, sino porque se han sumergido deliberadamente en el destino de su país.
Todas estas cosas, hasta hace poco tiempo, no eran un problema porque afectaban a una parte muy minoritaria de nuestras poblaciones. Hoy, por el contrario, es urgente plantearlas. Los 270.000 marroquíes nacionalizados por Pedro Sánchez, ¿son realmente españoles? Administrativamente sí, pero ¿estamos seguros de que se sienten parte de la comunidad política que les ha acogido? Lo mismo cabe decir de cientos de miles de hispanoamericanos que, llegados aquí, tienden a reproducir sus propias comunidades de origen. Una comunidad formada por gente que no quiere ser parte de ella, no es una comunidad, es otra cosa. Una democracia a la que se le cambia el demos, el sujeto constituyente, tampoco es una democracia (en todo caso, sería otra democracia, una democracia diferente). En las recientes elecciones suecas, el 38% de los ciudadanos suecos no era sueco hace veinte años. ¿Eso sigue siendo Suecia, más allá de la etiqueta formal? Del mismo modo, una democracia española que abre el voto a varios millones de ciudadanos que no eran españoles hace diez o quince años, ¿seguiría siendo la misma?
La nacionalidad no es sólo un papel. La voluntad más o menos arbitraria de un gobernante no hace nacionales; los hace la nación. Seguramente es momento de empezar a restringir drásticamente los mecanismos de concesión de la nacionalidad (y de revisar muchas de las concedidas). Y ante todo, es momento de devolver a los españoles la conciencia de pertenecer a una comunidad política, conciencia tan erosionada hoy por esos dos fenómenos gemelos que son el separatismo y el globalismo. Ser español importa. Pero si cualquiera puede ser español por un mero acto burocrático, entonces no significará nada.