Hace unos días, y ante el enésimo desplante del gobierno que ama con más fuerza que nadie, en particular del amoroso señor Puente, que tuvo a bien aparecer en un programa de televisión haciendo bromas sobre el tren y sus «incidencias», la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz alzó la voz. Quiero dedicar a esas víctimas y a las nuevas del trágico accidente de ayer lo que sigue, y decirles que no están solas y asegurarles que su tragedia no caerá en el olvido.
Adamuz y Urda significan, para empezar, el deterioro de unas infraestructuras que deberían constituir una prioridad elemental del Estado. Dada nuestra renta per cápita, pagamos impuestos escandinavos para recibir servicios que demasiadas veces parecen administrados por una república bananera. Mientras se multiplican los ministerios y los asesores y sin que haya manera de presentar unos presupuestos, los ciudadanos comprueban que viajar en tren se ha convertido en una epopeya. El mantenimiento tiene un inconveniente formidable para el demagogo, y es que no permite cortar cintas ni hacerse fotografías inaugurales. Sus frutos son invisibles mientras las cosas funcionan, y por eso exige una virtud política infrecuente: la prudencia. Explicaba Adam Smith en La riqueza de las naciones que entre las obligaciones del gobernante figura sostener determinadas obras públicas indispensables para la sociedad. Dos siglos y medio después, nuestros gobernantes se muestran mucho más interesados en administrar el relato que en cuidar aquello que sostiene materialmente la vida común. La demagogia sale tan cara que a veces se paga en vidas humanas.
Adamuz y Urda significan también corrupción, entendida en su sentido más profundo, que excede con mucho la apropiación del dinero ajeno. La corrupción empieza cuando se trata el Estado como un botín partidista y la lealtad al partido pesa más que la competencia profesional. Lo que ocurre en tales casos es que las empresas públicas terminan formando parte de una red clientelar, cutos deleznables detalles conocemos: Koldo, Ábalos, Cerdán y el resto de sinvergüenzas. Hay muchas adjudicaciones y relaciones empresariales vinculadas a la obra pública bajo sospecha. Adif aparece en ese paisaje institucional, y las informaciones sobre nombramientos y contrataciones no son más tranquilizadoras. Conviene distinguir lo investigado de lo probado y evitar atribuir al accidente conexiones delictivas que nadie ha demostrado. Pero tampoco vamos a fingir que el enchufismo es una graciosa costumbre nacional sin consecuencias. La administración descansa sobre la competencia técnica y unas reglas impersonales para su ejercicio; ingenieros capaces, controles independientes, ese tipo de cosas; en vez de señoritas sobrinas de alguien. Los amigos del poder pueden resultar estupendos para las campañas electorales; para mantener trenes circulando a cientos de kilómetros por hora la persona cabal prefiere a los mejores profesionales disponibles.
Hay otra cosa que Adamuz y Urda significan, y es la desvergüenza con la que se administra la verdad. Nueve meses después de la tragedia sabemos bastante más sobre la rotura del carril y la posible deficiencia de una soldadura, pero seguimos sin conocer la cadena completa de decisiones y negligencias que permitió que aquello sucediera; en cuanto a Urda, tenemos el apresurado intento de culpar a un particular. La investigación técnica de Adamuz ya ha anunciado que superará el plazo de un año, mientras las víctimas denuncian la insuficiencia de medios y la demora de los análisis de laboratorio. Hay que tener un cuajo extraordinario para explicarles a las familias que faltan recursos para averiguar por qué murieron cuarenta y seis personas en un país que encuentra dinero para cualquier extravagancia ideológica. Por supuesto que investigar rigurosamente lleva tiempo, pero el rigor requiere la voluntad de esclarecer; ambas cosas brillan por su ausencia y están a cargo de quienes gobiernan. Resulta obsceno que quienes administran tecnologías capaces de transportar a miles de personas a velocidades extraordinarias sean una perfecta combinación de la inutilidad con la prepotencia.
Adamuz y Urda significan, además, la destrucción de la confianza pública, que es uno de los patrimonios más valiosos de una sociedad civilizada. Un país funciona porque sus ciudadanos pueden dar por supuesto que alguien ha comprobado la resistencia de un puente o la seguridad de una vía. Los ciudadanos delegamos esas tareas en profesionales e instituciones, y esa delegación constituye un acto cotidiano de confianza. Cuando falla, el daño excede el accidente concreto. La sospecha se extiende y termina convirtiendo en inquietud lo que debería ser una rutina. Un padre que despide a su hija en una estación tiene derecho a esperar que llegue viva a su destino sin encomendarse a la providencia. ¿Cómo es posible que los españoles hayamos dejado que transformen un país próspero y moderno en una emulación de Burundi? ¿Por qué seguimos aceptando este espectáculo de gobernantes que se presentan como salvadores de la humanidad mientras son incapaces de mantener —¡ya no pedimos mejorar!— los servicios básicos que se les encomiendan?
Adamuz y Urda significan, finalmente, una insensibilidad estomagante con quienes sufren. Pedro Sánchez no acudió al funeral celebrado en Huelva, al que sí asistieron los reyes, y sus posteriores declaraciones públicas no han conseguido disipar la impresión de abandono que denuncian las víctimas. El mismo tipejo —basta de eufemismos— tuiteaba tendencias cuarenta minutos después del letal accidente de ayer. De Puente y su gracejo televisivo nada más se puede añadir. Hay que ser muy canalla para comportarse así; hay que tener nulo respeto por los demás y nula conciencia del peso del cargo. Hay demasiada gente en este gobierno que no está a la altura de sus responsabilidades, en el doble sentido moral y técnico. La política exige una forma de decoro que esta gente parece haber extraviado entre tanta propaganda sobre la empatía. Es un gesto sociopático que hayan hecho del amor un eslogan y un ariete con el que escudarse de sus inmundicias.
Circula por ahí una camiseta con una súplica estampada: «Please, don’t let this be 1984» («Por favor, que esto no sea 1984»). Alude, naturalmente, a la célebre distopía de George Orwell, en la que las palabras significan exactamente lo contrario de lo que prometen. «El Ministerio de la Verdad se ocupa de las mentiras; el Ministerio del Amor, de la tortura», escribe Orwell en su premonitoria novela. Pues ahí estamos y de ahí hemos de salir cuanto antes.
