Hoy votamos en el Pleno del Parlamento Europeo el denominado Reglamento de Salvaguardias para el Acuerdo UE-Mercosur. Un documento negociado a prisa y corriendo en Bruselas por los defensores de este modelo de comercio internacional en que los burócratas ahogan a nuestros productores —agricultores y ganaderos en este caso— con normas y prohibiciones de todo tipo y luego los lanzan a competir al mercado con quienes no están ni quieren estar sujetos a la demencial doctrina del fanatismo climático.

A estas alturas de la historia nadie duda de que el Acuerdo UE-Mercosur, negociado durante 26 años por el Partido Popular Europeo y el grupo socialista, no protege al agricultor y ganadero europeos.

Hoy toca añadir que el Reglamento de Salvaguardias no protege tampoco al agricultor y ganadero europeo, sino la viabilidad política o comunicativa del acuerdo comercial con la finalidad de gestionar el descontento de nuestros productores.

El Reglamento se presenta como un «escudo» frente a las importaciones agrícolas de Mercosur, pero en realidad es un mecanismo discrecional, lento, posterior al daño, temporal y reversible, diseñado exclusivamente para tranquilizar – estafar- a los sectores críticos sin alterar una sola concesión sustantiva del acuerdo.

No hay automatismo alguno para proteger a nuestro campo: aunque exista perjuicio grave a los sectores productivos europeos, la activación depende de la voluntad política discrecional de la Comisión Europea, no de umbrales previos, ciertos y objetivos. Se entrega todo el poder a la Comisión, que en caso de denuncia, y sólo cuando existan evidencias de que se está produciendo 1) un daño serio a la industria europea 2) provocado por la reducción de obligaciones y 3) probado que entran en el mercado europeo, iniciará una investigación.

¿Pero si la cláusula de salvaguardia se activa cuando el daño ya se ha producido. a quién defiende?

Populares y socialistas han negociado un proceso lento y burocrático que dejará indefensos a quienes sufran las consecuencias de la entrada masiva de producción foránea. Sólo en ese caso hipotético, se iniciará una investigación a través de un proceso burocrático complejo, dando traslado para alegaciones a los 27 Estados miembros, que puede terminar, o no, en una propuesta de aplicación de las salvaguardias. En fin, un proceso que terminaría no antes de seis meses, tiempo suficiente para provocar la ruina de cientos de agricultores o ganaderos.

Más allá de propaganda, las medidas inevitablemente siempre van a llegar tarde, cuando el daño ya se haya producido; daño en los precios, cuotas de mercado y renta agraria a nuestros productores. Y eso en el caso de que se apliquen de verdad pues se reproduce el sistema de las salvaguardias para el caso de Marruecos, salvaguardias que lleva el sector esperando 15 años, mientras tomates y fresas y cítricos, invaden nuestros supermercados, poniendo en riesgo también la salud alimentaria.

Las posibles medidas protectoras, si se aplican, siempre serán temporales con un plazo máximo de dos años, y siempre reversibles, de modo que superado el plazo “corrector” se volverán a producir parecidos, iguales o peores efectos, con el agravante de que se prohíbe adoptar medidas protectoras sobre los mismos productos durante determinados plazos.

El texto confirma lo que ya se indicó por la presidencia de turno de Mercosur, en palabras del Ministro de Asuntos exteriores, y es que expresamente se prevé que Paraguay quede excluido, luego su aplicación unilateral en un acuerdo bilateral anuncia su inaplicación práctica.

En consecuencia, la competencia desleal en los mercados se va a mantener intacta: Las cláusulas de salvaguardia no corrigen las diferencias en estándares sanitarios, medioambientales o de costes laborales, y su función real es simplemente la de engañar al público y facilitar la ratificación y aplicación del acuerdo sin reabrir el texto, neutralizando la oposición agrícola y parlamentaria.

La UE no ha creado un sistema de protección, sino una coartada jurídica para decir que «hay salvaguardias» mientras se deja al sector primario expuesto a una competencia estructuralmente desleal, un simple instrumento de gestión política del descontento.