Es bien conocido el diagnóstico de numerosos analistas políticos y científicos sociales sobre el agotamiento del sistema político e institucional que se puso en marcha en España tras la aprobación de la Constitución de 1978. El escandaloso control de la Justicia y de los órganos reguladores por los partidos, la presencia de criminales de la peor especie en Ayuntamientos y asambleas representativas, incluyendo el Congreso de los Diputados, la total falta de democracia interna en las dos principales fuerzas políticas, una ley electoral que elimina el necesario vínculo entre representante y representado, la subversión contra el orden constitucional de los separatistas catalanes y una estructura territorial del Estado que nos está arruinando, son otros tantos componentes de este desfallecimiento colectivo que nos aboca al fracaso como Nación. Pero allí donde se muestra con su cara más terrible este derrumbe generalizado es el altísimo nivel de corrupción, que ha llegado a ser, para nuestra vergüenza y nuestra desgracia, sistémica. Una cosa es que surjan casos esporádicos de comportamientos venales en responsables públicos o en funcionarios, fenómeno que se produce incluso en países de probada moralidad ciudadana, como los del Norte de Europa o algunos especialmente ejemplares en Oceanía o en el Sudeste asiático, y otra el saqueo masivo del presupuesto organizado desde la propia Administración o por el propio gobierno municipal o autonómico de turno como forma regular de financiación ilegal de partidos o de enriquecimiento personal ilícito o de ambos a la vez. Estas consideraciones vienen a cuento del último y bochornoso suceso acaecido en Andalucía, donde se ha sabido que durante años los cursos de formación de trabajadores financiados por el Fondo Social Europeo y por el Gobierno central han sido una fuente inagotable de dinero que ha acabado en manos de individuos desaprensivos, de sindicatos y de partidos. Se estima que el fraude puede alcanzar la impresionante cifra de 2000 millones de euros, lo que convertiría a este robo gigantesco en el segundo caso más importante de España, sólo superado por la operación Malaya.

La prueba de que semejantes prácticas inadmisibles se montan desde los gobiernos mismos es el cambio legislativo introducido por la Junta encabezada por José Antonio Griñán en 2009 conducente a relajar los controles sobre la financiación de formación laboral y facilitar su gestión desaprensiva. Es tal el grado de deterioro del sistema y tan innegable la responsabilidad de los dos grandes partidos en la construcción y mantenimiento del tinglado que lo ha hecho posible, que sólo su sustitución por nuevas opciones electorales de refresco, libres de lastres del pasado y de pactos de silencio mafiosos, podrá devolver a España la esperanza de salir del agujero hediondo en el que la han metido. Ojalá la ciudadanía sea consciente de esta situación insufrible y aproveche la oportunidad que se le brinda el próximo 25 de mayo para dar un primer paso, ahora sí, en la buena dirección.