Corre por ahí desde hace más de dos siglos la absurda leyenda de que los pueblos aprecian la libertad más que ninguna otra cosa. Es como uno de esos rumores falsos que se esparcen por las redes como una peste.

No sé si alguna vez ha sido cierto; hoy, desde luego, no lo es. En todo caso, el pueblo demanda licencia, que es una libertad sin responsabilidad, es decir, no es libertad en absoluto. La libertad auténtica, la que tiene que apechugar con las consecuencias de las propias elecciones libres, es mucho más temida que amada.

Una libertad especialmente malentendida y odiada es la de expresión. Uno tiende a tener en mente, cuando defiende el libre discurso, las ideas propias menos populares, rara vez las ajenas. Si, digamos, la destrucción de la familia nos parece, con razón, un crimen, ¿por qué no debería ser un crimen defenderlo?

La defensa del censor es siempre la misma que hizo el primer ministro británico Keir Starmer recientemente en la Casa Blanca, o el excanciller Olaf Scholz en el Foro Económico Mundial: claro que hay libertad de expresión en mi país; lo que se prohíbe son solo las opiniones intolerables. Naturalmente, las opiniones tolerables -literalmente, las toleradas- pueden y deben expresarse siempre, incluso en la tiranía más controladora.

Ahora nuestro gobierno, siguiendo en esto a la Unión Europea, acaba de presentar una ley para disuadir los mensajes poco gratos al poder. A diferencia de lo que pueda legislar Orbán en Hungría sobre los despliegues públicos LGTB, esto no atrae la cólera de Bruselas, sino una sonrisa cómplice: todos estamos de acuerdo.

Por supuesto, la libertad de expresión goza de tal prestigio retórico que todos van a pretender estar defendiéndola cuando la cercenan. No es un ataque, es una defensa contra las noticias falsas y contra lo discursos de odio. El problema es que quien decide qué es falso y qué opinión resulta odiosa es, precisamente, el poder.

Y el poder es, me atrevería a decir, el único enemigo real de la libertad de expresión. En el panorama mediático de hoy una noticia verdaderamente falsa, si se me admite el oxímoron, dura menos que un bocadillo a la puerta de un colegio. La abrumadora cantidad de informadores sirve de criba rapidísima de las falsedades más flagrantes, salvo que cuenten, precisamente, con el apoyo del poder.

En cuanto a la alegación de que hay opiniones peligrosas, sólo puede responderse que si una opinión es inocua no vale siquiera la pena expresarla. El cristianismo, por poner el ejemplo más evidente, es una idea terriblemente peligrosa. 

Desgraciadamente, el principal instrumento que quieren usar para acabar con la disidencia en redes, acabar con el anonimato, cuenta con las simpatías no sólo del sistema, sino de una buena parte de la disidencia misma.

Superficialmente, tiene sentido: la libertad implica responsabilidad, y quien lanza un mensaje debe ser capaz de defenderlo bajo su propio nombre. Lo contrario parece, sin más, la cobardía de quien tira la piedra y esconde la mano. 

Y en circunstancias ideales sería cierto. Pero no vivimos en circunstancias normales, ni de lejos. Los últimos años han estado preñados de casos de particulares que han perdido su empleo, o sus posibilidades de ascenso, o han sido sometidos a acoso u ostracismo por un tuit. En Gran Bretaña son más de cuatrocientos los detenidos por publicaciones en redes sociales. 

Entiendo que quienes atacan el anonimato desde nuestra trinchera son, en su abrumadora mayoría, opinadores más o menos profesionales. Tiene sentido que ellos mismos opinen con su firma. Pero un viajante de comercio, un funcionario o el conserje de una firma de inversiones no tiene la misma responsabilidad, y sí el mismo derecho de opinar sin que le destruyan la vida. 

Hay, por lo demás, cientos de razones legítimas para querer decir lo que uno piensa verdaderamente sin que incluya algo tan dramático como una visita de la policía a las 4 de la madrugada, ya sea la pérdida del empleo o la de una amistad.

De hecho, creo que la inveterada inclinación del poder a acallar las opiniones críticas acaba siendo fatal para el propio poder. ¿No gastan presupuestos sin fondos en agencias de inteligencia para recopilar información? ¿No es más barato mantener sin restricciones canales donde la gente pueda opinar libremente y así saber lo que se dice y se piensa?