La reciente actuación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, revela la profunda desorientación moral y jurídica del debate público sobre el aborto. En apenas tres semanas ha pasado de aprobar una propuesta sobre el llamado «síndrome postaborto» a negar su existencia y, posteriormente, a convocar un pleno !en defensa de las mujeres». Este zigzag político no es un simple error de comunicación: constituye una grave incoherencia institucional y una traición al principio esencial del Derecho, que es la defensa de la vida humana como bien supremo.

El artículo 9.3 de la Constitución Española consagra el principio de seguridad jurídica, que obliga a los poderes públicos a actuar con coherencia, previsibilidad y respeto al orden jurídico. No puede hablarse de seguridad cuando las decisiones políticas cambian al compás de la coyuntura mediática. Pero más allá de esa incoherencia formal, subyace una cuestión de fondo: no puede existir derecho alguno por encima del derecho a la vida. La vida no es una concesión del Estado ni una construcción cultural; es su presupuesto ontológico. Sin ella, ningún otro derecho puede existir ni ejercerse.

El derecho a la vida está reconocido no sólo en el artículo 15 de nuestra Constitución, sino también en el artículo 10, que proclama la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social. Asimismo, el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza el derecho de toda persona a la vida, imponiendo a los Estados la obligación de protegerla. Nuestro propio Código Civil, en su artículo 29, recoge este principio al establecer que “el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables”, consolidando así el beneficio al nasciturus y demostrando que el ordenamiento jurídico español reconoce la vida desde la concepción.

Por tanto, la defensa de la vida no es una cuestión ideológica, sino de justicia y coherencia jurídica. El Estado tiene el deber de proteger a toda vida humana, incluso frente a decisiones individuales condicionadas por el miedo o la presión social. Defender a la mujer implica acompañarla, ofrecerle alternativas reales y respetar la verdad profunda de su maternidad, no enfrentarla a su propio hijo. Una política verdaderamente provida no se limita a prohibir, sino que promueve el bien: apoyo a la maternidad, redes de asistencia, incentivos a la familia y educación en el valor de la vida humana.

El caso Almeida simboliza el deterioro de la política contemporánea, donde el cálculo electoral sustituye a la verdad jurídica y moral. La cultura de la vida exige valentía política, coherencia legislativa y compromiso humano. Porque el Derecho, cuando es auténtico, no se pliega a la conveniencia: su misión es proteger al más indefenso, y en toda sociedad verdaderamente humana, ese siempre será el niño por nacer.