Se pasan la vida invocando la Constitución. Pero cuando alguien les pone la Constitución encima de la mesa y les ofrece utilizarla para investigar a Sánchez, aparecen las excusas, los silencios y las miradas al techo.

Hay algo peor que no tener principios: tenerlos únicamente cuando no cuestan nada.

Durante años nos han aburrido con el constitucionalismo. Constitucionalistas para aquí, constitucionalistas para allá. La Constitución como frontera moral, como argumento electoral, como escudo frente a unos y como arma contra otros. Se han envuelto tantas veces en ella que algunos han terminado creyendo que la Constitución era suya. Pues ha llegado el momento de comprobarlo.

VOX ha puesto sobre la mesa una iniciativa para que se explore la vía constitucional que permitiría investigar una eventual responsabilidad penal de Pedro Sánchez por hechos que afectan a Marruecos, a Ceuta y, en último término, a la seguridad del Estado. No tiene fuerza parlamentaria suficiente para recorrer ese camino en solitario. Necesita a quienes llevan años presentándose ante los españoles como el gran dique constitucional frente al sanchismo. Y ahí es donde las palabras empiezan a pesar.

Porque resulta demasiado fácil ser constitucionalista cuando la Constitución sirve para adornar un discurso. Mucho más difícil es serlo cuando obliga a adoptar una posición, asumir un coste y abandonar la confortable ambigüedad desde la que se puede denunciar a Sánchez cada mañana sin hacer demasiado para que deje de ser presidente cada noche.

Conviene no confundir las cosas. Promover que unos hechos sean investigados no equivale a dictar una condena. Nadie puede afirmar como hecho probado que Pedro Sánchez haya cometido un delito de traición. Eso corresponde determinarlo, en su caso, a los tribunales. Precisamente por eso resulta tan pobre la tentación de desentenderse antes incluso de que las instituciones puedan examinar lo sucedido con el rigor que exige una acusación de semejante gravedad.

Lo que empieza a resultar insoportable es esa oposición (PP) que proclama permanentemente la excepcionalidad del momento y actúa después con la parsimonia propia de la más absoluta normalidad.

Llevamos años escuchando que Sánchez ha degradado las instituciones, debilitado los contrapesos, sometido el interés general a su supervivencia y convertido la permanencia en el poder en el principio rector de su política. No son acusaciones menores. Si quienes las formulan creen de verdad en ellas, su obligación política no puede consistir en esperar pacientemente a que el presidente tenga la cortesía de marcharse.

No se puede describir una emergencia nacional y administrarla después como una larga sobremesa.

Ése es quizá uno de los grandes fraudes de estos años. Una parte de la oposición ha convertido la indignación en rutina. Cada escándalo parece definitivo hasta que llega el siguiente. Cada cesión se presenta como la última hasta que aparece otra. Cada línea roja dura exactamente el tiempo necesario para dibujar una nueva unos metros más atrás. El lenguaje se vuelve apocalíptico y la conducta, extraordinariamente prudente. El resultado de esa contradicción es siempre el mismo: Sánchez continúa en La Moncloa.

No sólo porque sea un superviviente político ni porque disponga de socios interesados en mantenerlo. También porque enfrente ha encontrado demasiadas veces una oposición convencida de que el tiempo hará el trabajo que ella no se atreve a hacer. Esperar también es una decisión política. Y a estas alturas empieza a parecer una forma de desidia.

Especialmente cuando hablamos de Marruecos.

España lleva demasiado tiempo aceptando que algunas de las cuestiones más delicadas de su relación con Rabat permanezcan envueltas en una niebla impropia de una democracia adulta. Ceuta, Melilla, la presión migratoria, el Sáhara, nuestras fronteras y los intereses estratégicos españoles no son material para la política pequeña. Son asuntos de Estado. Y cuando se trata de asuntos de Estado, el Gobierno debe explicaciones al Estado.

No propaganda. No relato. No comunicación cuidadosamente empaquetada. Explicaciones. Por eso resulta tan expresivo el contraste entre la gravedad de estas cuestiones y la frivolidad con la que demasiadas veces se pretende conducir la conversación pública. Hemos pasado, casi sin transición, de Marruecos a la playlist.

De Marruecos a la playlist. La frase parece una caricatura y, sin embargo, describe demasiado bien el clima político que hemos aceptado: de la frontera sur y la razón de Estado a la construcción cotidiana del personaje; de los grandes interrogantes sobre la política exterior española a conocer las canciones que escucha el presidente; del deber de rendir cuentas al entretenimiento administrado por los equipos de comunicación.

La playlist, en sí misma, es irrelevante. Lo revelador es el método. Cuando la realidad incomoda, relato. Cuando faltan explicaciones, comunicación. Cuando la gravedad amenaza con imponerse, una nueva pieza de distracción capaz de desplazar el foco y convertir incluso la política de Estado en otro episodio del espectáculo cotidiano.

Pero sería demasiado cómodo cargar toda la responsabilidad sobre Sánchez. Sánchez lleva años demostrando cuál es su prioridad: resistir. Mucho más difícil de justificar es la conducta de quienes aseguran que España necesita urgentemente desalojarlo del poder y, al mismo tiempo, parecen dispuestos a concederle todo el tiempo del mundo.

Echar a Sánchez no puede convertirse en la gran promesa de una oposición que siempre encuentra una razón para dejarlo para mañana.

Puede discutirse la iniciativa de VOX. Debe discutirse, de hecho, con seriedad jurídica, porque una acusación de esta naturaleza no admite frivolidades. Puede cuestionarse su fundamento, su oportunidad o su recorrido. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es que quienes han elevado el constitucionalismo a una especie de superioridad moral se permitan despachar uno de los mecanismos de la propia Constitución con silencio, incomodidad táctica o cálculo electoral.

La Constitución no está para exhibirla. Está para ejercerla. No es un objeto litúrgico que se saca en procesión el 6 de diciembre. No es una palabra para pronunciar con solemnidad en los mítines ni una credencial que otorga automáticamente respetabilidad. Es la norma fundamental del Estado, y sus procedimientos existen precisamente para que las controversias más graves puedan resolverse dentro del Estado de derecho y no al margen de él.

Quien considere que no existen indicios suficientes deberá explicarlo y defenderlo. Eso también es constitucionalismo. Lo que ya no lo es tanto es convertir la prudencia en escondite y el cálculo político en doctrina. Porque llega un momento en que tanta cautela deja de parecer responsabilidad y empieza a parecer miedo a las consecuencias de aquello que uno mismo lleva años proclamando.

VOX ha decidido asumir el coste de plantear una iniciativa de enorme gravedad. Tendrá que asumir también la responsabilidad de sostenerla con argumentos y hechos. Los demás tendrán que decidir qué hacen con ella. Y esa decisión servirá para algo más que para conocer su posición sobre Pedro Sánchez: servirá para saber cuánto vale realmente su constitucionalismo cuando deja de ser una palabra cómoda.

España no necesita más guardianes retóricos de la Constitución. Necesita dirigentes dispuestos a aceptar las consecuencias políticas de aquello que dicen defender. Lo demás es desidia revestida de prudencia.

Mientras unos calculan, otros esperan y algunos buscan el momento electoral perfecto, Sánchez continúa en La Moncloa. Marruecos continúa siendo uno de nuestros grandes desafíos estratégicos. Las preguntas no desaparecen porque resulte incómodo formularlas. Y el tiempo, como casi siempre, trabaja a favor de quien ya posee el poder.

Echar a Sánchez no puede ser una consigna pronunciada con solemnidad y administrada después con desgana. Si de verdad consideran que su permanencia perjudica gravemente a España, tienen la obligación política de utilizar, con rigor y dentro de la ley, todos los instrumentos que el Estado de derecho pone a su alcance.

También cuando incomodan. También cuando obligan a retratarse. También cuando tienen un precio. Porque ser constitucionalista cuando la Constitución no exige nada es facilísimo. Lo difícil —y lo que ahora veremos— es serlo cuando obliga a actuar.