En los últimos días el Congreso ha aprobado una proposición no de ley presentada por el PSOE para promover un uso «responsable y empático» de la palabra «cáncer», instando a evitar que se utilice como insulto o metáfora de lo peor. La medida, que contó con el apoyo de socialistas y populares, ha sido recibida por algunos como una iniciativa bienintencionada, pero por otros como un nuevo paso en la tendencia del poder político a intervenir en el terreno del lenguaje y, por extensión, en el pensamiento público. Aunque jurídicamente una proposición no de ley carece de efectos vinculantes ––no crea sanciones ni obligaciones legales—, su contenido tiene un fuerte valor simbólico: marca el rumbo cultural que el poder quiere promover. Y cuando el poder político se arroga la capacidad de decidir qué palabras deben usarse y cuáles deben evitarse, se abre inevitablemente un debate sobre los límites de la libertad de expresión y sobre la deriva hacia una forma de corrección oficial del discurso. Una especie de neolengua con sonrisa institucional.
No se trata de un hecho aislado. En los últimos meses, el PSOE ha impulsado otras medidas que muestran una clara voluntad de controlar o condicionar los espacios de expresión y participación ciudadana. Una de ellas fue la polémica reforma para limitar la acusación popular, una figura esencial en la tradición jurídica española que permite a cualquier ciudadano o colectivo intervenir en causas judiciales de interés público. Numerosos juristas advirtieron que aquella reforma restringía un mecanismo de control democrático y favorecía un modelo de justicia más cerrado, más dependiente de la voluntad política. Pero claro, qué mejor justicia que aquella que no se mete con quien gobierna.
A ello se suma la reciente ley de medios de comunicación, que introduce la figura de un “vigilante” o supervisor dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la postre del gobierno, con la misión de velar por el cumplimiento de códigos deontológicos y por la «veracidad» y «pluralidad informativa». En teoría, una defensa de la información rigurosa; en la práctica, un guardián con lupa y sello oficial para decidir qué es verdad y qué no. No se llama censura, se llama acompañamiento, que suena más amable. En la práctica, el Estado se reserva el derecho de decir qué información es adecuada y qué no lo es, lo que puede derivar en una forma moderna de censura «blanda»: el tipo de censura que sonríe mientras te quita la palabra.
La historia ya nos dejó ejemplos suficientes de cómo empieza este juego del poder con el lenguaje. En la Cuba de Fidel Castro, por ejemplo, nunca hubo un decreto que prohibiera palabras, pero sí un sistema que las hacía impronunciables. Decir «libertad de prensa» o «oposición política», simplemente era imposible sin consecuencias. La censura no se imponía por ley, sino por miedo. Y así, sin tachar una sola palabra del diccionario, se logró lo mismo que con una prohibición: el silencio. Cuando el lenguaje se domestica, el pensamiento le sigue.
Si se analizan juntas estas iniciativas —la regulación del lenguaje, la limitación de la acusación popular y el control de los medios— se percibe un patrón común: una tendencia a aumentar el radio de influencia del poder político sobre los ámbitos que estructuran la opinión y la crítica. Es una política que no impone el silencio de forma abierta, sino que lo induce mediante el miedo a ser incorrecto, impropio o sancionado. Es la forma contemporánea del control del discurso: no mediante la prohibición, sino mediante la presión moral y administrativa. Un Gran Hermano con traje de comité y sonrisa ministerial.
El problema no reside en las buenas intenciones —nadie discute la necesidad de empatía hacia los pacientes de cáncer ni de rigor informativo en los medios—, sino en el método y en el principio que lo sustenta. Cuando el poder se erige en tutor del lenguaje, de la moral o de la verdad, el ciudadano deja de ser libre para convertirse en un sujeto educado por el Estado. Lo que empieza como una recomendación puede terminar siendo una norma, y lo que hoy se defiende como “pedagogía social” puede convertirse mañana en una forma institucional de censura. Ya no se castiga lo que se dice: se enseña a no decirlo. Es más eficaz y mucho más elegante.
Desde el punto de vista jurídico, estas iniciativas crean precedentes preocupantes. Aunque la proposición sobre el lenguaje no impone sanciones, sienta la idea de que el Estado puede y debe orientar la forma en que hablamos. Si esta mentalidad se extiende —respaldada por organismos como la CNMC o por comités evaluadores del discurso público—, el principio de libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución podría verse erosionado por la vía cultural antes que por la legal. La censura ya no vendría de un tribunal, sino del hábito social de callar lo que se sale del marco permitido. El nuevo ciudadano modelo no protesta, no disiente y, por supuesto, habla siempre con propiedad institucional.
En el plano social, la consecuencia es una ciudadanía más vigilada y menos espontánea. El debate público se estrecha, la discrepancia se penaliza simbólicamente y la corrección se convierte en el nuevo instrumento de obediencia. Quienes aplauden estas medidas lo hacen en nombre del progreso y la sensibilidad, pero quienes las cuestionan temen que sean el preludio de una sociedad supervisada, donde la palabra se somete al filtro del Estado. Y si algo nos enseñó la historia del siglo XX, es que el control de las palabras siempre precede al control de las ideas. Hoy se empieza por una palabra, mañana por un medio, y al final por la mente que las pronuncia.
