La Región de Murcia está a la venta (a precio de saldo) para que proyectos pinchados de energías renovables puedan colocarse en el suelo agrícola más eficiente y productivo de Europa. El Gobierno regional lleva colgado un letrero que dice: «Vengan a Murcia que les doy el permiso sin impacto ambiental, les doy la medalla de interés estratégico, les cuelo por la puerta trasera del trámite acelerado y además les entrego una subvención para engrasar las partes con más rozamiento».
Y con ese «furor fotovoltaico» (1.760 MW instalados y 4.300 MW en trámite) ha logrado atrapar un buen número de proyectos que iban dando tumbos sin que nadie los quisiera. El problema es que a esos promotores (algunos conseguidores para dar el pase) les falta algo muy importante, el «permiso social», es decir, la sociedad no se traga el proyecto, sobre todo en los regadíos del Mar Menor, porque el Gobierno regional no tiene un relato convincente para la implantación ordenada y planificada de las renovables.
Y una cosa es que la Región tenga mucho potencial (solar, biogás, eólica e hidrógeno) para la nueva economía de la inteligencia artificial y otra muy distinta que sepa cómo aprovechar ese impulso. Una cosa es pintar castillos en el aire con renovables integradas en una central multi-energética, para que la solar y eólica (intermitentes) puedan almacenar su excedente para usarlo en el hidrógeno verde y colorín colorado. Y otra cosa es toparse con un Gobierno regional que no tiene plan para gestionar las renovables porque una bruja lo tiene hechizado y aturullado con la ideología climática.
El experimento de las renovables (que no puede ajustar la tensión entre producción y demanda) ya nos ha dado un apagón sin poder maquillar su grosera responsabilidad. Y en Murcia, después del llamamiento a montar fotovoltaicas, hay tanta producción que las plantas están abocadas al cierre o la ruina porque tienen que vender gratis en la mayor parte del tiempo. Y si no hay mercado para tragar tanta generación fotovoltaica, la solución no puede ser forzar a los consumidores a cargar con el muerto, ni decirles que cambien los coches de gasolina por coches eléctricos chinos que son más baratos.
El sector fotovoltaico ha lanzado tres advertencias al Gobierno regional: (1) la economía no demanda los megavatios que se generan en horas solares, (2) vamos a un crac del mercado eléctrico con los promotores en la ruina, y (3) sin almacenar la energía sobrante los productores trabajarán a pérdidas. Pero el Gobierno regional, en lugar de decir a esos promotores que se acoplen al mercado, prefiere obligar a los españoles a rezar mirando a la meca de la Agenda 2030, que está en Bruselas, con Teresa Ribera y su amiga Úrsula, que ahora lloran a moco tendido a la vista de tanto descalabro.
La pregunta es quién se hace responsable de la burbuja fotovoltaica y metanera que se ha provocado con tanta obsesión por la neutralidad climática. El despliegue de las renovables se ha pegado un tropezón porque ha sido más rápido que la electrificación de la demanda, el almacenamiento, la flexibilidad del consumo y la capacidad de interconexión. La pregunta es quién puede consolar a las pymes y autónomos que pusieron su capital en renovables y ahora tienen miedo mientras las multinacionales se llevaron las primas del primer pelotazo. El panorama de las renovables es desolador a pesar de que podría ser brillante si estuviera bien regulado, planificado y gestionado.
El Gobierno regional ha provocado una burbuja que va explotando sin que sepamos distinguir lo bueno de lo malo porque no hay plan, ni estrategia, ni hoja de ruta, ni ningún documento aprobado, consensuado y evaluado. No sabemos dónde están las ubicaciones preferentes con nudos de enganche a la red disponibles, ni sabemos dónde los impactos ambientales están controlados y compensados para obtener la «licencia social» que es tan importante como la licencia administrativa en manos de las autoridades.
¿Por qué hacen declaraciones ambientales favorables cuando el impacto es claramente negativo en suelo agrícola productivo? Hoy está demostrado que toda la potencia fotovoltaica que necesita España (76 GW) cabe perfectamente en terrenos improductivos, secanos, láminas de agua, zonas de servidumbre y suelos degradados. No hay ninguna necesidad de invadir suelo agrícola. No importa si la zona sacrificada es poca o mucha porque (a salvo del autoconsumo agrovoltaico) no puede ni debe haber ninguna evaluación ambiental favorable para instalaciones fotovoltaicas cuando ocasionan un impacto social negativo demostrado incluso con movilizaciones. Las declaraciones de impacto favorables a las fotovoltaicas en suelo agrícola mutilan y falsifican la garantía del control ambiental en todos sus componentes con consecuencias perjudiciales ante los tribunales de justicia.
El Gobierno trabaja para que todo sea eléctrico a base de bofetadas y empujones. Endurecimiento de ZBE y restricciones al coche en ciudades, implantación masiva de baterías chinas y cierre de la potencia nuclear que tenemos en España. El desperdicio eólico y fotovoltaico es inevitable sin la capacidad de almacenamiento hidroeléctrico que puede dar firmeza a las redes, reducir vertidos y disminuir la dependencia del gas. El nuevo ciclo de planificación hidrológica ofrece la posibilidad del despliegue del bombeo hidráulico que ahora está rodeado de barreras regulatorias. Hacen falta nuevas concesiones y reservas de acceso a redes para el almacenamiento hidráulico de la producción renovable que puede garantizar la soberanía energética de nuestra patria.
