Las palabras de Isabel Díaz Ayuso —«alguien tendrá que limpiar sus casas, recoger sus cosechas y poner los ladrillos»— destapan la hipocresía de un modelo político que lleva décadas utilizando la inmigración como mano de obra barata mientras expulsa a miles de jóvenes españoles al extranjero. Y no porque no quieran trabajar: se marchan porque fuera esos mismos empleos están mejor pagados, regulados y protegidos.

La presidenta madrileña enmarca la inmigración como una necesidad económica, pero obvia que la precariedad no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado directo de políticas como las que defiende su propio partido. El PP, tanto en el ámbito estatal como autonómico, ha promovido reformas y prácticas que abaratan el coste laboral, facilitan la subcontratación en cadena y convierten la irregularidad en un mecanismo de gestión del mercado. Hablan de atraer talento, pero en la práctica España se ha convertido en un país que atrae vulnerabilidad y exporta cualificación.

No es casual que una parte significativa de la juventud española esté limpiando habitaciones en Londres, sirviendo cafés en Berlín o trabajando en la construcción en Bélgica. Ese «alguien» del que habla Ayuso ya existe: son los jóvenes que aquí no pueden pagar un alquiler con su salario, pero que fuera cobran el doble o el triple por exactamente los mismos trabajos. En 2023, más de 126.900 españoles emigraron fuera del país, una cifra que confirma que no se marchan por capricho, sino porque fuera encuentran lo que aquí se les niega.

Los políticos pueden repetir que «los españoles no quieren trabajar en el campo», pero la realidad es más incómoda: no quieren hacerlo por 900 euros, sin contrato y con jornadas ilegales. En cambio, sí están dispuestos a hacerlo en Francia por 1.800 euros con convenio, en Alemania con seguro completo o en Irlanda con derechos reales. No sorprende que la tasa de paro juvenil rondara el 28% en 2023 y alcance todavía cerca del 25% en 2025.

La situación se agrava porque la Ley de Extranjería, que debería proteger a los trabajadores migrantes y evitar su explotación, no se aplica plenamente. No por incapacidad, sino por falta de voluntad política. Desde hace años permite que sectores enteros funcionen como zonas de impunidad, favoreciendo en la práctica un flujo constante de inmigración irregular que se convierte en mano de obra desprotegida, mientras quienes sí intentan regularizar su situación o entrar de forma legal ven cómo el sistema les penaliza con trámites interminables, obstáculos burocráticos y esperas que se prolongan durante años. El mensaje implícito es devastador: cumplir las normas no garantiza derechos, y saltarse la cola puede ser, paradójicamente, la vía más rápida para integrarse en el mercado laboral español.

En lugar de asumir este colapso institucional, Ayuso prefiere recurrir al argumento fácil: “alguien tendrá que hacerlo”. Lo mismo ocurrió cuando Irene Montero afirmó que “las mujeres migrantes vienen a limpiar los culos de nuestros hijos”. Dos discursos aparentemente opuestos que, en realidad, coinciden en lo esencial: conciben a los migrantes como mano de obra destinada a sostener la precariedad que expulsa a españoles al extranjero. Ambos discursos acaban siendo funcionales al sistema, porque normalizan que ciertos trabajos se mantengan indignos —una visión claramente clasista compartida por ambas formaciones— para que otros sectores continúen obteniendo beneficios a costa de esa precariedad.

Mientras tanto, los jóvenes españoles —los mismos que los políticos dicen defender— siguen marchándose porque en España la precariedad no es un fallo del sistema: es el sistema. Un sistema protegido por gobiernos que permiten la inmigración ilegal masiva, hacen la vista gorda ante los abusos laborales y luego culpan a quienes denuncian estas dinámicas, degradando a los migrantes para desviar la atención de su propia responsabilidad histórica.

El problema no es quién limpia casas, cuida ancianos, recoge fruta o levanta edificios. El problema es que en España esos trabajos se pagan como si no tuvieran valor, se regulan como si no existieran derechos y se sostienen gracias a personas —inmigrantes y españolas— cuya precariedad resulta rentable para demasiados intereses políticos.

Hasta que no se dignifiquen los empleos, se cumpla estrictamente la Ley de Extranjería y se deje de tratar la inmigración como una “solución barata”, España seguirá siendo un país donde los jóvenes se van porque quieren vivir, y los inmigrantes vienen porque les prometemos vivir como jamás imaginarían, mientras nuestros compatriotas no llegan a fin de mes. España seguirá siendo el país donde políticos como Ayuso hablan de «alguien» que haga el trabajo, en lugar de asumir que el verdadero problema es que aquí la dignidad laboral se considera un lujo.