La central de Almaraz supone menos del 2% de la potencia instalada en España y, sin embargo, genera en torno al 7% de la electricidad anual con una producción barata y sin emisiones de CO2. Plantear su cierre sólo puede responder a ignorancia y posicionamientos políticos errados.
La central de Almaraz, en la provincia de Cáceres, es una de las pocas que cuenta con el honor de ser diseñada y construida casi en su totalidad por empresas españolas. En 1983 se inauguró su primer reactor en el contexto del Plan Nuclear Español, promovido a finales del Régimen del General Franco e impulsado por Carrero Blanco. Este plan buscaba dotar a España de tecnología y recursos energéticos propios y de minimizar la dependencia exterior en materia de energía.
El objetivo del plan era poner en funcionamiento veinte centrales nucleares y emular a Francia. Por desgracia ese plan se truncó parcialmente con UCD y definitivamente con el PSOE que, como en tantas otras cosas, sustituyó el interés nacional por el interés de partido haciendo que todos los españoles paguen sus errores. En los años 80, mientras el socialista Mitterrand ampliaba los planes nucleares en interés de Francia, en España los socialistas acababan con centrales como Lemóniz o Valdecaballeros a punto de entrar en operación.
Almaraz cuenta con dos reactores que, juntos, suponen casi 2.100 MW de potencia instalada sobre los 112.000 MW de potencia total instalada en toda España. Es decir, el 1,9% de toda la capacidad de producción eléctrica de España. Sin embargo, debido a su alta disponibilidad y a sus costes reducidos, la central de Almaraz, como el resto de nucleares, está prácticamente en utilización continúa proporcionando energía base segura, no intermitente y controlable. Ambos reactores produjeron en 2020 casi 16.000 GWh que, sobre el total de 251.000 GWh producidos en España, suponen prácticamente el 7% del total. Por contextualizarlo, la central de Almaraz tiene por sí misma algo menos de la capacidad equivalente a la de toda la energía solar térmica instalada en España (2.304 MW), la cual es de generación intermitente (cuando hace sol), no centralizada (con más costes de transporte) y cubre hectáreas y hectáreas de terreno que no se pueden dedicar a actividades como la agricultura. Sin embargo, en cuanto a producción, Almaraz produce por sí sola cuatro veces la cantidad de toda la energía solar térmica instalada en España (4.538 GWh) y sin tener primas ni subvenciones.
Es evidente que Almaraz, como cualquier otra central nuclear, produce una energía valiosísima para un país como el nuestro: masiva, barata, sin emisiones de CO2 y controlable. En España, con una evidente carencia de recursos energéticos y con una gran dependencia exterior, no parece la mejor decisión prescindir de esta capacidad de generación. En Alemania, Bélgica y Japón, los planes iniciales de cierre de centrales nucleares se han anulado o suprimido a la vista de la situación de incremento de precios de la energía en los mercados internacionales.
El cierre progresivo de las centrales nucleares eliminará unos activos valiosísimos para la producción energética e incrementará la vulnerabilidad y la precariedad del suministro. No se trata sólo de que subirán los precios, que lo harán; se trata de que no existirá un excedente suficiente para garantizar una efectiva competencia y una optimización de recursos para regocijo de las empresas generadoras que, ante la escasez de suministro, incrementarán su posición de poder.
Qué curioso que un gobierno de izquierdas hipoteque el interés general y la competitividad económica al entregar (¿gratuitamente?) esa capacidad y poder en el mercado. Si el Gobierno español velara por los intereses de los españoles haría todo lo contrario y protegería toda la generación disponible impulsando que, por ejemplo, fuera posible para grandes consumidores la negociación de precios a largo plazo y la construcción de infraestructura propia. En Finlandia, por ejemplo, la industria papelera fue la que impulsó, con acuerdos de suministro a largo plazo, la construcción de una central nuclear. Si existe un mercado eléctrico, éste se ha de regular para que compitan empresas y tecnologías; incluida la nuclear. El Gobierno, si quisiera defender los intereses de España, se preocuparía de maximizar la potencia instalada e incrementar la oferta para, por ejemplo, tener energía disponible y asequible para realizar futuras actuaciones en el ámbito hidrológico como son los trasvases o la desalación.
En definitiva, desde un punto de vista estratégico se debería ir en la dirección opuesta al cierre de las centrales nucleares: España tendría que aprovechar el emplazamiento de Almaraz, un nodo generador en la red eléctrica, para que en el mismo se ubicara capacidad adicional de generación barata para aprovechar las infraestructuras existentes. Y qué mejor forma de hacerlo que con los nuevos reactores nucleares de capacidad reducida (300MW) que por su coste y por su flexibilidad serían el complemento perfecto para incrementar significativamente la oferta.
Debe quedar claro para los españoles que la precariedad energética actual es principalmente fruto de las decisiones políticas de los últimos 40 años, en particular del Partido Socialista, en donde, sin una visión de Estado y con cortoplacismo, se ha favorecido la dependencia exterior y se ha regulado un supuesto “mercado eléctrico” con improvisación y fomentando la ineficiencia en la generación y la escasez de la oferta favoreciendo a unas pocas empresas.
Del mismo modo, tenemos que ser conscientes de que el cierre de Almaraz o de otras centrales, del tipo que sean, están reduciendo la capacidad de producción energética y favoreciendo esa escasez. La falta de excedente de potencia instalada supondrá un mercado menos flexible, una ausencia de potencia de base y reducirá las posibilidades de poder utilizar el excedente para, por ejemplo, bombear agua entre las cuencas hidrológicas.
España no se merece unos legisladores que gobiernen en contra del interés general y que establezcan una regulación que favorezca a las empresas que se lucran de la escasez de oferta. Lo que necesita España es una capacidad de generación masiva, segura, asequible y sostenible, por ese orden. Y aún más que ello, nuestro país precisa de un Gobierno y unos legisladores que tengan una visión de Estado.
