El Gobierno asegura que decir sí al CETA es apostar por una Europa más abierta e integradora, y Podemos se posiciona en contra porque «implica ceder nuestra soberanía y beneficia a los grandes inversores».
El Congreso ha aprobado la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA) con la esperada abstención del PSOE, que ha sido duramente criticada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y por Ciudadanos.
El pleno del Congreso ha aprobado el CETA por 179 votos a favor, 79 en contra y 81 abstenciones y mientras el PP, Ciudadanos, el PNV y PDeCAT han mostrado su posición favorablemente, ERC, Compromís y Unidos Podemos han sido contrarios a este tratado.
¿Por qué se opone Podemos?
Primero las razones de fondo: El CETA implica ceder nuestra soberanía y beneficia a los grandes inversores, asegura la formación morada, que añade que con este tratado, “los tribunales permiten a las empresas demandar a los estados cuando estos legislen a favor de la ciudadanía”.
Señalan, además, que el CETA pretende crear un poder regulador por encima del Estado y que no elige nadie y que «perjudicaría gravemente a los intereses de los productores españoles».
Toma como referencia para esta afirmación el informe sobre el tratado elaborado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG , que señala que “el acuerdo de libre comercio de la UE con Canadá rebaja la estricta normativa comunitaria en materia de seguridad alimentaria, protección del medio ambiente, bienestar animal y derechos laborales y que, entre otras cuestiones, permite tratamientos alternativos al agua limpia y potable para la desinfección de canales en mataderos como el agua caliente reciclada, tal y como se realiza en Canadá”.
“El CETA sólo protege un 15% de las Denominaciones de Origen (DO) de la UE”, dicen. De esta forma que productores de naranja canadienses podrán utilizar como marca la denominación “Orange Valencia” aunque los cítricos estén producidos en Vancouver, afirman.
Podemos, como es habitual en la formación, aborda también la cuestión de género: “Si nuestro bienestar va a ser cada vez más dependiente de nuestra capacidad de insertarnos en los mercados y el grado de privatización de los servicios públicos, hay que insistir en que mujeres y hombres no estamos en posiciones similares ni de partida ni de llegada respecto al mercado de trabajo o a la dependencia de los servicios públicos. Las mujeres accedemos menos y en peores condiciones a los mercados de trabajo. Tenemos menores tasas de actividad y ocupación, mayores tasas de paro, parcialidad y temporalidad, sufrimos mayor segregación ocupacional, concentrándonos en menos sectores, y lo hacemos además en los puestos de menor responsabilidad y remuneración”, señala la ‘fuente’ de Podemos en esta materia, Lina Gálvez en un artículo de Eldiario.es.
Respecto a las razones de forma, los de Iglesias lamentan que “el tratado se haya negociado con total opacidad” y denuncian que “una vez que ha llegado a España, el Gobierno se ha saltado la ley para su aprobación en el Congreso”. “Hay que tener en cuenta que el CETA tiene más 1.600 páginas de disposiciones muy complejas y que el gobierno pretende aprobarlo en dos meses”, añaden en este sentido.
Y el PP, ¿por qué a favor?
Para mostrar su apoyo al Tratado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asegura que decir sí al CETA es apostar por una Europa más abierta e integradora. “Una Europa responsable. Que busca nuevos mercados pero, sobre todo, nuevas oportunidades”. España es una de las grandes ganadoras de la apertura al exterior y señala que el fortalecimiento de la economía española y muy particularmente la salida de la crisis llegan del sector exterior. Cualquier decisión que cierra la puerta al aislacionismo en una buena decisión”.
▶️ @Sorayapp explica por qué el #CETA es necesario pic.twitter.com/nxzozkLfxu
— Partido Popular (@PPopular) 29 de junio de 2017
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El acuerdo, señalan, eliminará casi todos los derechos de importación, lo que supondrá para los exportadores europeos «un ahorro de cerca de 500 millones de euros al año». Además, declaran que permitirá a las empresas de la UE presentarse a licitaciones en Canadá, y acceder a los mercados de servicios y de inversión de este país;
El PP ha calificado el tratado como «la construcción de una Europa abierta generadora de prosperidad, crecimiento económico y empleo que exporta también sus tratados democráticos».
Y el ‘que sí, que no’ del PSOE
Mientras, el PSOE, que ha decidido abstenerse en la votación, señala hoy algo muy distinto a lo que opinaba hace sólo unos meses:
No queremos el proteccionismo nacionalista de Trump y Le Pen, queremos globalización regulada y progresista. #CETAhttps://t.co/qIlkclUS9e
— PSOE (@PSOE) 15 de febrero de 2017
#CETA ayudará a PYMES aligerando trabas, pues siempre tienen más barreras al comercio que las grandes corporaciones.https://t.co/OyAgCIgBnT
— PSOE (@PSOE) 15 de febrero de 2017
La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha reprochado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que haya esperado hasta hoy para explicar en el Congreso el tratado comercial con Canadá (CETA) sin haber informado antes a los ciudadanos de sus consecuencias.
«No creemos que sea buena labor de Gobierno tratar de explicar las cosas a posteriori y no haberlo hecho antes es una falta de respeto a la ciudadanía», ha dicho.
Por su parte el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha explicado que la preocupación de los socialistas ante este tratado está en la «limitación de las posibilidades de un país para tener más derechos». Según Ábalos, «dudar de la vocación globalizadora» del PSOE «está fuera de discusión».
Una cuestión de soberanía
Los detractores del tratado arguyen que la propia UE admite que se destruirán más de un millón de puestos de trabajo, particularmente en los sectores socialmente más vulnerables.
La eliminación de las barreras al comercio suscita el entusiasmo de algunos doctrinarios dentro y fuera de la UE, que ven en la superación de las fronteras la concreción de un sueño, sin percibir que dicha dinámica culminará, mediante la división internacional del trabajo y a través de un proceso de transnacionalización completo, en la destrucción de toda competencia.
Pero los críticos aseguran que la creación de un único mercado favorecerá la desregularización financiera y laboral. Incrementar la competencia contribuirá al descenso de los salarios, a la precarización laboral y al dumping fiscal. El resultado será un inevitable deterioro del Estado de bienestar, producto de la presión de los grandes intereses corporativos, que aspiran al “funcionamiento competitivo de la economía”, mediante la aplicación de las consabidas recetas privatizadoras en los servicios sociales, la sanidad, la educación, los transportes y las infraestructuras.
