Nuevas actas internas de ETA, a las que ha tenido acceso The Objective, revelan que un emisario del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero trasladó a la organización terrorista información sensible sobre la inminencia de un «golpe operativo importante» que preparaban las fuerzas policiales francesas. La confidencia se produjo a mediados de 2005, en el marco de las conversaciones secretas mantenidas antes de la tregua de marzo de 2006.

En esos documentos, los etarras detallan que el representante del Ejecutivo, al que denominan mediador, comunicó que «Gorburu (Zapatero) le dice al mediador que le han dicho fuentes policiales francesas que después de la detención de Alain tenían preparada un golpe operativo importante contra la Organización». La referencia a «Alain» alude al etarra Ramón Sagarzazu, arrestado en septiembre de 2005 junto a Iratxe Sorzábal y David Pla, entonces responsables del aparato político de la banda.

La identidad de ese emisario nunca se concretó, aunque en las propias actas se sugiere que sólo cuatro personas conocían la existencia de «EraGorElk», nombre en clave en euskera para «reunión entre ETA y Gobierno». Se trataba de Zapatero, el mediador, «GorOrdez» (Jesús Eguiguren) y una cuarta persona que, según apuntan las fuentes, podría haber sido el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba o el exministro de Presidencia Javier Moscoso. Ambos, junto con Eguiguren y el abogado José Manuel Gómez Benítez, integraron el núcleo duro de las conversaciones en Ginebra y Oslo.

Los papeles de ETA añaden que en ese momento existía gran inquietud por la situación de José Antonio Urrutikoetxea, alias «Josu Ternera«, escondido en Francia desde 2002. El Ejecutivo temía que una posible detención del histórico dirigente hiciera saltar por los aires las conversaciones.

La reunión en cuestión tuvo lugar con representantes del Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant. Desde el organismo suizo se planteó la necesidad de asegurar la seguridad de Eguiguren en sus entradas y salidas del país helvético, propuesta que el enviado de Zapatero aceptó. También se solicitó no presionar al dirigente socialista vasco en esa fase de los contactos, una petición que el emisario se comprometió a trasladar al propio presidente del Gobierno.

Tras la declaración de «alto el fuego» en marzo de 2006, la tensión no tardó en aflorar. Ese mismo verano, los representantes del Ejecutivo –Eguiguren y Gómez Benítez– tuvieron que calmar las quejas de los interlocutores etarras, molestos por los controles policiales. «En el norte de España y en fiestas siempre se ponen más. En todo caso, tendríamos que disminuirlos», llegó a prometer Eguiguren.

Gómez Benítez, en su primera reunión con ETA, admitió que podrían seguir produciéndose detenciones «a partir de dossieres abiertos», aunque aseguró que se intentaría «minimizar» a través de la Fiscalía. Reconoció, además, conversaciones con la magistrada francesa Laurence Le Vert para tratar de suavizar las consecuencias judiciales mientras avanzaba el proceso.

Pero la realidad era muy distinta: la kale borroka seguía activa con casi un centenar de ataques, las cartas de extorsión a empresarios continuaban y la Policía francesa había hallado restos de explosivos en su territorio. Ante esa evidencia, el Gobierno español mostró fotografías y exigió a la banda detener el traslado de material explosivo, advirtiendo que París no lo toleraría por más tiempo.

Los etarras respondieron acusando al Ejecutivo de incumplir los compromisos sobre presos y rechazaron cualquier negociación en ese punto. El tono subió hasta que Eguiguren, visiblemente molesto, les reprochó estar planteando un chantaje.

El proceso quedó estancado. ETA lo daba por «congelado» y en otoño de 2006 robó 350 pistolas en Vauvert (Francia), preludio del atentado de la T-4 de Barajas en diciembre, que puso fin al intento de Zapatero de negociar con los terroristas.