A 48 años de la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano que convirtió el aborto provocado en un ‘derecho constitucional’, Roe contra Wade, la revisión por parte del alto tribunal, único intérprete autorizado de la carta magna de Estados Unidos, de una ley de Mississippi que prohíbe el aborto más allá de las primeras quince semanas podría revertir esta polémica sentencia.
Eso no significaría el fin del aborto legal en la unión, como algunos parecen creer. Y es que la singularidad estadounidense no está en que el aborto provocado hasta el mismo nacimiento sea legal en todo el país, y que la multinacional Planned Parenthood siga siendo un boyante negocio que reparte a manos llenas donaciones políticas para mantener el régimen. La peculiaridad es que la sentencia, al afirmar que el macabro procedimiento está recogido en la Constitución, impide al gobierno federal y a los estados limitarlo de forma alguna.
Naturalmente, es bastante forzado ver en un documento de finales del XVIII una protección del ‘derecho al aborto’; nadie encontrará en el texto o sus enmiendas nada semejante pero, después de todo, tampoco encontrará artículo alguno que permita sentenciar que el matrimonio de personas del mismo sexo es un derecho inalienable, y sin embargo así se ha sentenciado.
De hecho, la sentencia puede considerarse el principio de una doctrina de interpretación constitucional tan ‘libre’ que ha llevado a no pocos politólogos y comentaristas norteamericanos a hablar de una ‘dictadura de nueve miembros’ al referirse al Supremo, adalid de los principales cambios sociales. La sentencia, incapaz de encontrar un artículo al que aferrarse, habla de «penumbras» en la Constitución y pretende que un ‘derecho a la privacidad’ que tampoco aparece en la ley suprema protege el derecho al aborto.
Pero lo que el Supremo dio, el Supremo puede revertir, y eso es lo que hace de las nominaciones al alto tribunal -cuyos miembros son vitalicios- el legado más importante que puede dejar un presidente si tiene la ‘suerte’ -funeral mediante- de poder colocar a un juez favorable a sus tesis en él.
Trump logró meter a tres, y aunque han resultado, desde el punto de vista de los republicanos, bastante decepcionantes hasta ahora (como viene siendo costumbre entre los jueces del Supremo presuntamente conservadores), en esta ocasión muchos confían en que puedan dar la campanada.
La sentencia que se debate puede resolverse de varias maneras. Puede tirar abajo la ley de Mississippi restringiendo fuertemente el aborto, con lo que todo quedaría como está y los proabortistas podrían seguir disparando con leyes similares en varios estados, como Arizona o Texas; puede sentenciar que la ley es válida, pero sin admitir que esto anule el régimen jurisprudencial vigente; o puede echarlo todo a rodar dando fin al régimen de Roe vs Wade.
Esto último, insistimos, no significaría el fin del aborto legal, solo el fin del aborto como un derecho protegido por la Constitución y, como tal, intocable. Daría libertad a los estados para legislar como creyeran conveniente, con lo que algunos -26, según el proabortista Instituto Guttmacher- prohibirían total o parcialmente en procedimiento, mientras que otros seguirían protegiéndolo.
Por ahora, los seis jueces conservadores del tribunal -una mayoría- han dado indicios de su voluntad de respaldar la ley de Mississippi, y uno de ellos, el juez Clarence Thomas, ha empleado persuasivos argumentos para hacerlo. En cualquier caso, nunca ha estado tan cerca el fin de un régimen que no solo atenta contra el derecho a la vida, sino también a la libertad de los estados.
