Clarence Thomas, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos desde hace treinta años, es hombre de pocas palabras. Católico y conservador, tras la muerte de su colega y correligionario Antonin Scalia, se ha pasado diez años sin plantear una sola pregunta en los procesos del alto tribunal. Hasta ahora, cuando con una sencilla intervención ha metido el miedo en el cuerpo a todo el sector progre de Estados Unidos.
”¿Tiene la madre derecho a ingerir drogas y dañar a un niño previable?”, ha planteado Thomas. “¿Puede el estado presentar cargos por abuso infantil contra la madre”?
El Tribunal Supremo está en plena revisión de una ley del estado de Mississippi que prohibiría casi todos los abortos provocados a partir de la semana quince. El abogado que representa a la organización que trata de tumbar la ley, Jackson Women’s Health Organization, respondió con desconcierto: “No es eso lo que se trata en este caso, pero las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo”.
Ya antes el juez Thomas había expresado su frustración ante la renuencia del Supremo (que, en Estados Unidos, es también el Constitucional) a revisar casos que implicaran el aborto. En 2019 escribió una opinión particular sobre el rechazo del tribunal a atender el caso de una ley de Alabama que prohibía una modalidad especialmente atroz de aborto por descuartizamiento. “La idea de que hay algo en la Constitución que impida a los estados aprobar leyes que prohíban el descuartizamiento de un niño vivo es poco plausible”, apuntó. “Este caso sirve como señal alarmante de que la jurisprudencia sobre el aborto ha escapado de todo control”.
Thomas, naturalmente, es el juez más odiado por la progresía de todo el tribunal, a la par que el difunto juez Scalia. Durante la revisión en el Senado de su nombramiento, el juez fue sometido por el ahora presidente Joe Biden a un humillante escrutinio de su pasado que llevó al entonces aspirante a declarar que prefería renunciar al puesto antes de que seguir sometiéndose a semejante campaña de desprestigio e invasión de su intimidad.
El caso en el que Thomas ha pronunciado su oportuna pregunta es absolutamente vital, la primera oportunidad plausible para acabar con el absurdo régimen jurídico que hace del aborto un “derecho constitucional”, impidiendo que los estados puedan legislar libremente sobre él, en los años setenta. Se trata de la revisión de una ley aprobada por la legislatura de Mississippi para prohibir los abortos a partir de quincuagésima semana de embarazo. Si el Supremo confirmara la capacidad legal de Mississippi para aprobar dicha ley, el régimen impuesto por la sentencia en Roe vs Wade en 1973 se vendría abajo y se produciría una catarata de vetos al aborto por todo el país. El Instituto Guttmacher, proaborto, estima que 26 estados están dispuestos a imponer nuevas restricciones al aborto, si no una prohibición total.
Imaginen el terror que ha infundido la pregunta de Thomas en el establishment de la muerte estadounidense.
