A estas alturas, los lectores se habrán dado cuenta de que los amos del discurso tienen mal perder, por decirlo suave, aunque hay que decir en su descargo que tienen poca costumbre. Pero el modo histérico, de verdadera insurrección, con el que han reaccionado a la más razonable de las sentencias de La Corte Suprema, la del caso Dobbs revirtiendo Roe vs Wade, demuestra que su respeto a las instituciones democráticas no va más allá de aplaudir cuando les dan la razón al pie de la letra.
Han tocado su sacramento, el aborto, y eso no lo van a consentir. No es que la Corte Suprema haya dicho que el aborto esté mal; aunque nadie lo diría por las altisonantes reacciones, no es que haya prohibido la práctica en Estados Unidos. Lo único que ha hecho ha sido revertir una sentencia que cualquier jurista que valga su sal ve a kilómetros de distancia que era un disparate. Uno puede ser un ardiente partidario del aborto y darse cuenta de que verlo protegido en un documento legal de finales del siglo XVIII es de ciencia-ficción. La Constitución no dice una palabra sobre el aborto, naturalmente, y ese «derecho a la privacidad» del que se valieron para justificar la decisión tampoco, vaya por Dios, se menciona en ningún momento en la carta magna americana. Lo único que ha hecho el alto tribunal ha sido remitir la regulación del aborto al pueblo de cada estado, a través de sus representantes.
Da igual. Les han quitado el Gran Caramelo y están dispuestos a quemar el régimen hasta los cimientos, en una insurrección de verdad, real, no como la farsa payasesca del «asalto» al Capitolio.
Empezando por la fuente de todo el poder mundial de Estados Unidos, el Ejército. Y es que el Pentágono ha anunciado que se negará a cumplir cualquier ley estatal que restrinja el acceso al aborto.
El secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, emitió una declaración el viernes sobre el fallo de la Corte Suprema en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. «Nada es más importante para mí o para este Departamento que la salud y el bienestar de nuestros miembros del Servicio, la fuerza laboral civil y las familias del Departamento de Defensa», anunció el jefe del Pentágono. «Me he comprometido a cuidar de nuestra gente y garantizar la preparación y la resiliencia de nuestra Fuerza. El Departamento está examinando esta decisión de cerca y evaluando nuestras políticas para garantizar que continuemos brindando un acceso continuo a la atención de la salud reproductiva según lo permitido por la ley federal».
«El mayor desafío actualmente es la falta de total libertad para viajar cuando se quiere viajar sin tener que obtener el permiso de un supervisor», declaró a Politico Rachel Vanlandingham, exoficial de JAG de la Fuerza Aérea y profesora de derecho de Southwestern. «Ahora, las mujeres que sirven aquí en Estados Unidos estarán sujetas a los caprichos [de los estados] a los que están asignadas involuntariamente». Es, por cierto, el departamento que anuncia que va a ignorar las leyes de los estados es el mismo Pentágono que despidió sumariamente a los miembros del servicio por no cumplir con un mandato de vacunación contra el covid-19.
Tampoco el mismísimo Departamento de Justicia está de acuerdo con la decisión del tribunal. «El Departamento de Justicia está en total desacuerdo con la decisión de la Corte», dijo su responsable, el fiscal general Merrick Garland en un comunicado. «Esta decisión asesta un golpe devastador a la libertad reproductiva en los Estados Unidos. Tendrá un impacto inmediato e irreversible en la vida de las personas en todo el país. Y tendrá un efecto muy desproporcionado, y las personas de color y de medios económicos limitados sentirán las mayores cargas”.
Garland, en cambio, no se ha dado por enterado de las múltiples amenazas creíbles de ataques terroristas vertidas por particulares y grupos antiabortistas contra los jueces, los centros de asistencia a embarazos de riesgo e iglesias. Diecinueve fiscales generales estatales encabezados por el fiscal general de Ohio, Dave Yost, presionaron el martes al Departamento de Justicia de la Administración Biden para que investigue y procese el terrorismo interno cometido contra grupos e iglesias pro-vida.
La carta dirigida al Fiscal General Garland se produjo pocos días antes del fallo histórico de la Corte Suprema que anuló Roe vs Wade el viernes, y pidió a la Administración de Biden que llamara su atención sobre la «reciente ola de amenazas terroristas y actos dirigidos a pro -organizaciones de vida en todo el país».
Pero podría ser fútil esperar mucha ayuda del Gobierno federal cuando su presunto líder, el presidente Joe Biden, está tan enfurecido por la decisión del tribunal como el que más.
Biden amenazó el sábado a los estados que aprovechen el fin de Roe vs Wade para restringir el acceso al aborto. «Ayer hablé sobre la demoledora decisión de la Corte Suprema que ha revertido Roe vs Wade», dijo. «Hemos discutido mucho sobre eso en toda nuestra casa. Jill y yo sabemos cuán dolorosa y devastadora es esta decisión para tantos estadounidenses». «Mi Administración se centrará en cómo lo administran los estados y si violan o no otras leyes, como decidir no permitir que las personas a través de las fronteras estatales obtengan servicios de salud pública. Y vamos a tomar medidas para proteger los derechos de las mujeres y la salud reproductiva», agregó.
