El jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, junto al ex primer ministro belga Guy Verhofstadt y la holandesa Sophie in ‘t Veld, todos de la Alianza de los Liberales y Demócratas Europeos, han enviado una carta a todos los eurodiputados en la que anuncian la presentación de una moción de censura contra la Comisión Europea que preside Ursula Von der Leyen. Esta medida, según sus impulsores, se llevará a cabo por la aprobación de la entrega de 23.900 millones de euros a Polonia, que es lo que les corresponde según el plan de recuperación y resiliencia, así como otros 11.500 millones del Mecanismo de Recuperación.
Para los eurodiputados de Ciudadanos, integrados en el Grupo de los Liberales europeos, y que ahora tendrán que buscar los 75 votos restantes (el 10 por ciento de la Cámara) para poder presentar la moción de censura contra Von der Leyen, «Polonia no puede percibir fondo alguno de la Comisión porque las autoridades de Varsovia no se han plegado a las exigencias «sobre la primacía del Derecho de la UE» sobre la legislación nacional de cada país.
Los socioliberales exigen que Polonia reincorpore a los jueces del Tribunal Supremo que fueron nombrados durante la época comunista y de los que las autoridades polacas cuestionaban, con una lógica soberana, su independencia y su imparcialidad. Como es conocido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en contra de la decisión de Polonia de terminar con el cargo vitalicio de los jueces del Supremo, para pasar a ser cargos electos por períodos de cuatro años. Para el TJUE, el hecho de que esos magistrados hubieran sido elegidos por un régimen tiránico, no constituye por sí solo un indicio de su falta de independencia.
Garicano, In ´t Veld y Verhofstadt aseguran en su escrito que presentarán la moción de censura «en el momento en que la Comisión transfiera los fondos de NextGen a Polonia sin que se hayan implementado por completo todas las sentencias del TJUE, sin que los jueces despedidos hayan sido reincorporados y sin que Polonia reconozca la primacía de la legislación de la UE».
