'Ser es defenderse'
Ramiro de Maeztu
En los meses de enero y febrero ya se han producido 2.700 casos
El Gobierno de Sánchez reconoce en una respuesta a VOX la subida de las okupaciones de inmuebles tras su ‘decreto antidesahucios’
El Gobierno de Sánchez reconoce en una respuesta a VOX la subida de las okupaciones de inmuebles tras su ‘decreto antidesahucios’
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press
Por LGI
20 de mayo de 2022

El Gobierno ha asegurado en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario VOX que en España se ha pasado de 3.849 okupaciones de inmuebles en el año 2011 a 17.274 en 2021.

VOX preguntó el pasado 10 de febrero al Ejecutivo por «el número de viviendas ocupadas ilegalmente en España» y pidió el desglose por provincias, así como la previsión para este año 2022.

La estadística oficial del Ejecutivo desvela un crecimiento exponencial y continuado de las okupaciones en una década (desde 2011 a 2021). Así, hubo 3.849 en 2011; 6.233 en 2012; 7.739 en 2013; 10.084 en 2014; 10.376 en 2015; 9.998 en 2016; 10.619 en 2017; 12.214 en 2018; 14.621 en 2019; 14.792 en 2020; y 17.274 el pasado año 2021. En los meses de enero y febrero de 2022 ya se han producido 2.700 ocupaciones de inmuebles, según los datos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De 2020 a 2021 hubo casi 2.500 okupaciones más, coincidiendo con el decreto «antidesahucios» que el Gobierno aprobó en diciembre de 2020 (y al que añadió una corrección en enero de 2021).

VOX: ‘La okupación es una forma de robo’

En abril, VOX presentó en el Congreso un plan contra los okupas y recordó que la okupación es «una forma de robo, la sustracción del bien más preciado que una persona y una familia atesoran a lo largo de su vida».

La formación liderada por Santiago Abascal consideró que la actual regulación penal del delito de okupación de inmuebles «no da respuesta suficiente a la inquietud creciente de la mayoría de los españoles ante la aparente impunidad con la que actúan algunos individuos y grupos organizados«. Por ello, exigió más y mejores recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, agravar las penas para los okupas y proteger a los propietarios.

«La seguridad jurídica es esencial», dijo la diputada Cristina Esteban, antes de reiterar que las Administraciones tienen la obligación de amparar al ciudadano frente al delincuente» y recordar que el Gobierno alienta la okupación ilegal.

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