Los Yébenes es un municipio de la provincia de Toledo en el que la represión republicana actuó con una violencia especial. En una población de a penas 6.000 habitantes cuando comenzó la Guerra Civil, fueron asesinadas más de 180 personas por su vinculación política con partidos de derechas, por sus creencias religiosas o por venganzas personales de quienes formaban parte del comité revolucionario local, organizado por Santos González Triana, alcalde del municipio perteneciente al Frente Popular.
Ahora, amparándose en la ideológica Ley de Memoria Histórica, el Ayuntamiento que preside el socialista Anastasio Priego Rodríguez, ha decidido retirar la placa y que recordaba a las víctimas que se encontraba en la conocida como Cruz de los Caídos. Nuevamente las víctimas de un bando deben caer en el olvido para que no se recuerde la actuación criminal en la zona republicana durante la Guerra Civil.
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Ahora, una nueva placa con el recuerdo a “todos los caídos durante la Guerra Civil” sustiruirá a la existente. Y lo justifican en la supuesta represión que se cometió tras la guerra. Una represión de la que no van a dar los nombres porque no quieren desde el consistorio, una vez más, que quede clara la manipulación de la historia. Tras la Guerra Civil fueron juzgadas 57 personas acusadas de haber participado en la represión y asesinato de 180 inocentes en Los Yébenes. De ellas, solamente 7 fueron condenadas a muerte y ejecutadas, las otras cincuenta recibieron otro tipo de penas.
Pero claro, para los socialistas que rigen en el Ayuntamiento y que quieren ahora tapar la represión del Frente Popular, decir que quieren colocar sus 7 fusilados junto a los 180 que asesinaron debe ser muy duro y han decidido equiparar a víctimas y asesinos incluyendo a todos ellos en una sola placa.
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La represión republicana quedará así en el olvido y se engañará, una vez más, a la población que no vivió la Guerra Civil al equiparar ambas represiones en el municipio toledano.
Las víctimas de la represión perpetrada por los republicanos contra la Guerra Civil fue sistemática en Los Yébenes. Acabaron con todos los religiosos y con todos aquellos que habían participado en política durante la Segunda República en los partidos que no se sumaron al Frente Popular. Especialemnte a Acción Popular -núcleo central de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas)- y al Partido Radical -que presidía Alejandro Lerroux-. Además de a varios funcionarios públicos, como carteros, secretarios municipales,…
El caso más llamativo es el de la persecución contra los religiosos. Las milicias dirigidas por Santos González tenían el objetivo claro de acabar con todos los religiosos de Los Yébenes. Asesinaron al párroco, Jesús Martín Díaz, al coadjutor de la parroquia local, Félix Calleja Blas, Luis Ramirez, sacerdote y coadjutor en Herrera del Duque (Badajoz), que pasaba unos días de descanso veraniego en su localidad natal, y a los sacerdotes Miguel Torija y Ricardo Marín González. Este último caso deja clara la saña con la que se emplearon los comités de milicias locales que se desplazaron hasta el municipio de Yepes, donde Ricardo Marín se encontraba detenido, para ser ellos quienes le asesinaran. También murió, en esa persecución religioas el capellán del marqués de Cañadahonda, junto al marqués, a su hijo y a su yerno.
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En el municipio había también un importante núcleo de miembros de la CEDA, de sus simpatizantes, afiliados y cargos electos durante la república, fueron asesinados 41 vecinos, la práctica totalidad del partido en Los Yébenes. También cuatro miembros del Partido Republicano Radical fueron asesinados.
Entre el resto de las víctimas, la mayoría eran comerciantes, agricultores, carpinteros, incluso el veterinario local caía abatido por las balas de las milicias marxistas.
Es llamativo el hecho de que desde los municipios próximos se trasladase a los presos políticos para ser asesinados en Los Yébenes. Hasta 95 vecinos de municipios como Urda, Manzaneque, Madridejos, Orgaz o Consuegra fueron llevados al cementerio de la localidad y asesinados allí.
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Pero esto, para los defensores de la ley ideada por Zapatero, no es memoria histórica y debe ser olvidado. Las 180 víctimas del odio marxista no tienen derecho a mantener una placa en recuerdo a la persecución que padecieron.
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