En los últimos años, se ha demostrado que el drama de la violencia intrafamiliar no puede ser atajado mediante partidas de los presupuestos o leyes torticeras que privan a la mitad de los españoles de la presunción de inocencia.
A nadie debería desconcertarle, a estas alturas, que el Partido Popular ceda a todas las demandas y reivindicaciones ideológicas del progresismo. Lleva haciéndolo desde el año 2011, cuando Mariano Rajoy asumió la presidencia del Gobierno con un programa que había esperanzado al electorado conservador español (atacado sin descanso por el Gobierno de Zapatero).
En este sentido, el Gobierno del PP se ha avenido a incluir en los Presupuestos Generales una partida de 200 millones de euros que tendrá como objetivo aparente luchar contra los malos tratos en el ámbito intrafamiliar. Esta partida, que está prevista en el pacto de Estado sobre violencia de género, no figuraba en un principio en el borrador de los presupuestos que habrá de ser aprobado en el Congreso.
De este modo, el proyecto presupuestario primigenio incorporaba sólo 80 millones de euros para esta partida (los correspondientes a la administración central), a los que se han añadido 100 millones que se transferirán a las comunidades autónomas y 20 millones que gestionarán los Ayuntamientos.
Asimismo, para garantizar el cumplimiento del pacto de Estado y su viabilidad, los partidos políticos han acordado que cada uno de los presupuestos de los próximos cinco años (2018-2022) incluyan una dotación de 200 millones adicionales para nuevas acciones en materia de violencia de género.
Medidas inefectivas
En los últimos años, se ha demostrado que el drama de la violencia intrafamiliar no puede ser atajado mediante partidas de los presupuestos o normas torticeras que privan a la mitad de los españoles de la presunción de inocencia: así, desde la aprobación de la archiconocida Ley de Violencia de Género (en 2004), el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas no sólo no se ha reducido, sino que ha ido incrementándose.
Por tanto, parece evidente que los esfuerzos de los líderes políticos deberían dirigirse tanto a la promoción de un cambio de mentalidad social como al fortalecimiento de la institución matrimonial, cuyo debilitamiento ha coincidido – no tan sorprendentemente – con la presente oleada de casos de violencia doméstica.
Las olvidadas son las mujeres
La inclusión en los presupuestos de esta partida de 200 millones de euros ha suscitado el rechazo de una parte sustancial de la población española que considera que el motor de los partidos políticos no es la preocupación por las víctimas de maltrato, sino el afán de imponer un proyecto ideológico concreto.
En los próximos cinco años, el Pacto prevé gastar 1.000 millones de euros en campañas de adoctrinamiento feminista en colegios y universidades, publicidad institucional (de ahí el apoyo en bloque de la prensa) y subvenciones a ONGs. Ni un euro destinado a paliar los malos tratos.
— Alonso (@alonso_dm) 21 de mayo de 2018
De este modo, numerosos tuiteros han denunciado lo evidente: que los 200 millones de euros no se dirigen a la lucha directa contra la violencia doméstica, sino a la financiación de ONG´s, a la elaboración de publicidad institucional y a la promoción de campañas de concienciación trufadas de ideología feminista.
