El separatismo catalán vuelve a utilizar el deporte como palanca política. ERC ha aprovechado el eco de la reciente final de la UEFA Nations League para reactivar su vieja demanda: el reconocimiento oficial de selecciones deportivas catalanas que puedan competir internacionalmente. La diputada republicana Etna Estrems interpeló directamente a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en el Congreso, exigiendo que el Gobierno desbloquee “de inmediato” la reforma de la Ley del Deporte presentada por su grupo.
“Cataluña es una nación, y como tal queremos ver a sus equipos compitiendo por el mundo”, proclamó Estrems, que en su intervención ante la ministra calificó esta pretensión como una cuestión de “justicia, reconocimiento, identidad y orgullo colectivo”.
ERC sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez asumió el compromiso de negociar la creación de selecciones catalanas a cambio de su apoyo a la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalidad. “Nosotros hemos cumplido. Ahora falta que lo hagan ellos”, señalan fuentes del partido a El Confidencial.
La ley que ERC invoca establece que las federaciones autonómicas con mayor antigüedad que la federación española correspondiente pueden participar en competiciones internacionales, siempre que así lo permitan las federaciones internacionales pertinentes y que el Consejo Superior de Deportes (CSD) lo autorice expresamente. En este sentido, ERC se agarra al dato de que la Federación Catalana de Fútbol fue creada en el año 1900, mientras que la Federación Española no vio la luz hasta 1913.
Sin embargo, ese argumento jurídico tiene matices. El reconocimiento internacional requiere no sólo de la antigüedad, sino también de una vinculación directa previa con organismos como la FIFA, fundada en 1904. Cataluña no estuvo presente en sus orígenes, lo que podría dificultar su encaje legal, más allá de la voluntad política que ERC pretende imponer al Gobierno.
El Ejecutivo, por su parte, ha dejado claro que no se saldrá del marco legal. La ministra Alegría reiteró que el Gobierno “va a seguir rigiéndose por la legislación vigente y por los compromisos internacionales que ha asumido España”.
Más allá del plano jurídico, el independentismo continúa cargando tintas contra el sistema deportivo español. Desde ERC se ha llegado incluso a acusar al Estado de presionar a los deportistas catalanes para que no se desmarquen de las selecciones nacionales. Etna Estrems denunció que “formamos a deportistas que jamás podrán competir con la selección de su país, porque ustedes los coaccionarán y obligarán, quieran o no, a competir bajo su bandera”.
La diputada remató su intervención con una apelación ideológica: “Se llenan la boca de plurinacionalidad y a la hora de la verdad utilizan el deporte y las selecciones para imponer su idea de nación única”.
Detrás de este debate late una estrategia conocida: el uso del deporte como herramienta política. Desde hace décadas, plataformas como la Pro Seleccions Esportives Catalanes —creada en 1998 y beneficiaria de millones de euros en subvenciones públicas— han promovido esta causa. Incluso fue investigada por desviar fondos destinados al deporte para financiar actos del procés.
Lejos de ser una simple anécdota parlamentaria, la exigencia de ERC apunta a un nuevo pulso al Gobierno en plena negociación de equilibrios tras el reparto de poder en Cataluña. Mientras el PSOE apela al marco legal, el separatismo vuelve a agitar la bandera del agravio, esta vez sobre el césped.
