El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) cuenta con un as en la manga por si su OPA hostil sobre el Banco Sabadell no prosperase. El grupo presidido por Carlos Torres Vila plantea vender su filial turca Garanti con el objetivo de mejorar la OPA y atar el apoyo del Banco Central Europeo, tal y como ha adelantado el diario THE OBJECTIVE.
El principal responsable de la entidad vasca es consciente del riesgo que tiene haber dado a conocer sus intenciones y, a nivel público, las dificultades que le ha causado insinuar que mantuvo contactos con accionistas del Sabadell antes de presentar la OPA, movimiento ilegal. Para evitar su caída el próximo año, deberá ser reelegido, y está dispuesto a dar un giro de 180 grados sobre la política estratégica impulsada hasta la fecha. En 2020 descartó el Sabadell y apostó por aumentar el peso en Turquía tras la presión ejercida por el consejero delegado, Onur Genç, de origen otomano.
Y es que por un lado, la desinversión de Garanti le permitiría elevar su propuesta económica sobre el Sabadell incluyendo una parte en efectivo para camelar a los accionistas indecisos. A lo largo del último año, la franquicia se ha disparado pese a la crisis que atraviesa el mercado otomano, lo que les permitiría abandonar su ‘aventura’ sin pérdidas y logrando plusvalías.
De momento, el Banco Central Europeo, que presenta una disposición positiva hacia proyectos de fusión como la de BBVA y el Banco Sabadell, se ha desmarcado de la preocupación del Gobierno y ha acogido con estupor la actuación del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Entre las partes que verían con buenos ojos la fusión, está también el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pero la presión del Gobierno nacional y del Partido Popular de Valencia, que cuenta con la sede en su comunidad autónoma, dificulta bastante su posición en el sector político.
El Ejecutivo ha asegurado estar en desacuerdo «tanto en la forma como en el fondo»: «Esta operación introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español. Creemos que supondría un incremento en el nivel de concentración que podría tener impacto negativo en el empleo y en la prestación de servicios financieros».
