Bélgica ha elevado ya a cerca de 840 millones de euros los embargos a España por el impago de los laudos arbitrales derivados del recorte retroactivo a las renovables, según ha informado el equipo jurídico de los acreedores en un encuentro con la prensa.
El importe incautado afecta a los pagos que España recibe mensualmente a través de la empresa pública Enaire por parte de Eurocontrol, en concepto de gestión del tráfico aéreo. La cantidad refleja la acumulación de distintas órdenes de embargo dictadas para cubrir deudas en casos como Eurus Energy —del grupo Toyota—, RREEF u Operafund.
La nueva ofensiva judicial vuelve a golpear la imagen internacional de España y deja en evidencia el coste de una década de inseguridad jurídica en torno al sector energético. Los recortes retroactivos a las renovables, iniciados bajo gobiernos anteriores, se han convertido en un problema enquistado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha conseguido resolver y que ahora deriva en embargos sobre activos y flujos públicos españoles en el extranjero.
Según los acreedores, España habría propuesto consignar las cantidades reclamadas en una cuenta de depósito judicial en Bélgica —un procedimiento conocido como escrow—, pero sin acceder todavía al pago directo a los inversores. El objetivo de la Abogacía del Estado sería lograr el levantamiento de los embargos y evitar que sigan acumulándose nuevos importes bloqueados.
Los representantes de los acreedores sostienen que esa maniobra busca reducir el monto retenido hasta unos 250 millones de euros, pero advierten de que el simple hecho de ofrecer una consignación para liberar los 840 millones debilita los argumentos de inmunidad esgrimidos por España, al asumir en la práctica la validez de las medidas de ejecución sobre esos activos.
También consideran que la decisión cuestiona la tesis mantenida por el Gobierno español sobre la normativa europea de ayudas de Estado, utilizada hasta ahora como uno de los principales argumentos para justificar la negativa a pagar los laudos arbitrales.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, defienden que el sistema procesal belga permite embargos ex parte —sin audiencia previa al Estado— y recuerdan que España ha recurrido esas medidas. El Gobierno insiste además en que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, que ha iniciado un procedimiento de infracción contra Bélgica por permitir el reconocimiento de laudos dictados contra España.
El Ejecutivo sostiene que la consignación busca salvaguardar la seguridad del tráfico aéreo español y recuperar el flujo ordinario de transferencias que Eurocontrol realiza a Enaire. También afirma que se ha efectuado con expresa reserva de derechos y que no supone una renuncia a los argumentos sobre inmunidad de ejecución ni sobre ayudas de Estado.
Sin embargo, los acreedores elevan la deuda total pendiente a más de 2.310 millones de euros, incluyendo sobrecostes financieros y legales. Según sus cálculos, España acumula 27 laudos perdidos pendientes de pago en esta batalla judicial abierta desde hace más de una década por los recortes aplicados al régimen de primas a las renovables.
Hasta ahora, el único pago relevante realizado por España fue el abono de más de 30 millones de euros a la japonesa JGC por un laudo dictado en 2021. Los acreedores reclaman al Gobierno que alcance acuerdos similares y advierten de que es el único camino para restaurar la credibilidad internacional del país y reforzar la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras.
La presión judicial se extiende ya por varios países. En Países Bajos, los acreedores lograron recientemente el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, que prevén llevar próximamente a subasta pública como medida compensatoria.
En Estados Unidos, los acreedores aseguran que existen ya siete sentencias judiciales firmes que obligan a España a pagar indemnizaciones por valor de 688 millones de euros. También han iniciado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español, con derivadas que han llegado a afectar a la operativa vinculada a la selección española en el próximo Mundial de fútbol, aunque el Gobierno niega que ello pueda comprometer a la Federación.
En Reino Unido, la Justicia británica también ha ratificado que España es un país deudor y debe pagar si quiere evitar nuevos embargos. En Australia, el Tribunal Supremo reconoció cuatro demandas valoradas en 469 millones de euros, mientras que el Tribunal Supremo de Singapur ha validado un primer laudo contra España por más de 100 millones.
El Ministerio de Transición Ecológica replica que en algunos de estos procedimientos los ejecutantes no son las empresas afectadas originalmente, sino fondos como Blasket, dedicados a comprar laudos contra España para intentar ejecutarlos en el extranjero. También asegura que recurrirá el embargo del Instituto Cervantes en Utrecht y que mantiene abiertos recursos en Estados Unidos.
