La historia es bien conocida, en 1958, en el marco del delirio maoísta llamado «Gran Salto Adelante» el Gobierno se propuso exterminar al gorrión molinero que, según Mao, era: «una de las peores plagas, son enemigos de la revolución, se comen nuestras cosechas, mátenlos. Ningún guerrero se retirará hasta erradicarlos, tenemos que perseverar con la tenacidad del revolucionario». La prensa estatal corrió rauda a validar la medida, denunciando que cada pajarito se comía 4,5 kg de grano al año, comida que le quitaba de la boca al pueblo razón por la cuál, matando gorriones, se podría alimentar a muchísimas personas.
Para exterminarlos se obligó a la población a golpear ollas hasta que los gorriones cayeran muertos de agotamiento. También se utilizaron espantapájaros, veneno, piedras, munición de fuego y se destruyeron los nidos. Un grupo de gorriones encontró refugio en la embajada de Polonia, entonces el ejército chino rodeó la sede diplomática durante dos días aporreando tambores hasta que murieron los plumíferos refugiados. Otros animales fueron víctimas del uso de venenos como lobos, conejos, serpientes o perros. Como consecuencia, las plagas de las que el gorrión era predador, arrasaron el campo y acabaron con tantas cosechas que provocaron la Gran Hambruna. Un par de años después, Mao se dirigió al pueblo ordenando que se olvidase del asunto y así concluyó la política pública orquestada desde las altas esferas de la arrogancia totalitaria. Sin consecuencias para el planificador aunque habían matado a más de cuarenta millones de chinos.
Con el diario del lunes, resulta sencillo señalar y hasta mofarse de este tipo de historias, sin embargo, es útil recordar que era cosa seria al momento de implementarse, y que los mecanismos utilizados para validar la locura son bastante familiares: una prensa adicta al poder dispuesta a machacar la narrativa que viene de éste, un grupo de expertos que diseñan un relato hegemónico y consensual y, desde ya, una burocracia que implementa medidas dolorosas motivadas por el «bien común». Los gorriones actuales son el denostado mundialmente «coche particular» sobre el que pesan toda clase de acusaciones y políticas diseñadas para restringirlo. ¿Muy dura la comparación? Veamos:
Parafraseando a la exitosa película, podríamos decir que por esas casualidades locas «Todos En Todas Partes Al Mismo Tiempo», apoyan la eliminación del coche propio. Curiosamente quienes jamás usan el transporte público ni caminan habitualmente por la calle, vale decir políticos de toda laya, miembros del Foro Económico Mundial, de la UE, de las diversas agencias de ONU y otros burócratas iluminados, barruntan una serie de soluciones mágicas para reemplazar el automóvil particular y el castigo a quienes persistan en su posesión es cada vez mayor. Los ingenieros sociales llevan años tratando de sacar a los coches particulares del espacio público, y es una trampa creer que se trata de la eliminación del motor de combustión a favor de coches eléctricos. La apuesta por la electromovilidad es sólo una distracción, un engañapichanga que permite introducir la idea del fin de la movilidad propia.
El plan es que, en pocos años, no se permitan vehículos con motores de combustión y que sólo se autoricen aquellos cuyos motores sean considerados «neutros» por alguna autoridad burocrática. Esta decisión choca con la posibilidad de que el libre juego de la demanda y la innovación continúen mejorando la eficacia energética de los automóviles. Si desde el poder se condiciona la inversión e investigación, se anula todo desarrollo posible. Por ejemplo, los primeros automóviles tenían muchísima menos potencia y seguridad que los actuales y consumían mucho más combustible. La exitosa evolución hacia los coches actuales fue producto de la libertad de mercado y no de una ley pensada con los pies. Quién sabe qué posibilidades podría tener una futura industria automotriz que buscara libremente nuevas y más eficientes alternativas. ¿Están buscando realmente los políticos mejorar la situación?
La electromovilidad es una especie de zanahoria que se vende como la solución aunque es una fantasía cuyos alcances no están siendo especificados. Poco dicen las autoridades sobre los problemas que actualmente implica una transición abrupta, de hacerlo, es posible que los ciudadanos entendieran la distopía a la que los están llevando. Popularmente se habla de terminar con la dependencia de los combustibles fósiles sin alertar acerca de la dependencia que significará depender de las tierras raras, necesarias para la construcción de baterías y tampoco se mencionan las condiciones de extracción de estos materiales.
Los públicos sensibles a la cuestión climática como signo de su estatura moral, tal vez deberían sopesar que las materias primas importantes como el cobalto, proceden principalmente de países que disponen de recursos mineros para cuya extracción se obliga a niños a trabajar en las minas y a exponer sus vidas a todo tipo de enfermedades y de accidentes mortales, bajo la mirada cómplice del mundo ecológico bienpensante. Según los datos oficiales de zonas como de Katanga y Copperbelt, se calcula que la proporción de los menores que trabajan en las minas es del 40%. En condiciones atroces, bajo un calor insoportable, nubes de polvo rojo y baja luminosidad, estos niños deben cavar túneles de 200 a 300 metros de profundidad, exponiéndose al riesgo de morir asfixiados por derrumbes, a cambio de una remuneración de 1 a 2 dólares al día, siendo éste el coste de la ambición «sustentable».
Poco dicen, los vendedores de panaceas eléctricas, de dónde se supone que saldrá la electricidad para la implementación generalizada de autos eléctricos. No lo dicen porque no tienen ni idea, es tan simple como eso. Tampoco explican cómo se va a implementar la expansión masiva de las energías renovables, cuál será su impacto ambiental o que existen innumerables problemas técnicos, como de dónde vendrá la electricidad por la noche, en épocas de escasez de luz solar y viento, cuál será la forma de almacenamiento y cuán segura y sustentable es. Tampoco se sabe de dónde van a salir todos los puntos de recarga o si estos serán un lujo escaso.
Por cierto, el hecho de que un auto emita menos no significa que contamine menos, ya sea por la forma de producción, por su impacto o por la forma en que se desechen sus piezas, de manera tal que no hay pruebas de que estemos ante una mejora en el cuidado del medio ambiente sino ante una costosa partida en la que, con suerte, quedemos en tablas, pero restringiendo significativamente los derechos de propiedad y movilidad.
Recientemente un alto directivo de General Motors, Kyle Vogt, en una entrevista para la revista Fortune, sostuvo que «uno de los mayores cambios que ocurrirán en nuestras vidas es pasar de conducir a ser conducido», y en cuanto a la propiedad de los autos «Ser propietario de un automóvil se verá como el máximo lujo en el futuro», predijo. Los fabricantes de automóviles tradicionales tienen mucho para ganar con estas regulaciones. Debido a dichas regulaciones que los modelos baratos están desapareciendo del mercado, elevando, además, los precios del mercado de segunda mano.
Han convertido a la fabricación de automóviles en una actividad muy cara. Vale decir que la transición forzosa a la electromovilidad genera una barrera de entrada al mercado, imposible de sortear por nuevos proveedores imposibilitados de competir con los pesos pesados. Las imposiciones vienen a reforzar el oligopolio y los autos del futuro serán más caros, sin contar la falta de calidad asociada a la baja presión competitiva.
Consecuentemente, las regulaciones, multas, prohibiciones y desincentivos a la innovación y producción de autos particulares que se están implementando en las ciudades más importantes del mundo castigan, por supuesto, a las clases medias y bajas. Considerar esto una casualidad es llevar la ingenuidad a límites irrazonables. Tratar de sostener que el empeoramiento de la calidad de vida de los estratos más vulnerables de la sociedad es un símbolo de progreso es un ejercicio de perversión desbocado. Sostener que sólo se trata de una tendencia al recambio del tipo de energía que usen los autos particulares es sólo una mascarada para ocultar la política anti-propiedad que busca desvincular a las personas del sueño del coche propio.
Con la excusa del bien común estamos ante una clara confiscación de la propiedad, en la medida en la que se obliga a un reemplazo imposible por disponibilidad y costo. Por otra parte, los propulsores de la inclusión y la diversidad no parecen recordar los beneficios que el automóvil implica para las personas mayores, las familias con niños, para quienes tienen movilidad reducida o simplemente gozan de esa autonomía para trabajar o disfrutar del turismo barato o ajeno al control gubernamental. El exterminar el goce, el confort, el ascenso o la sociabilidad no parece ser un costo importante para los planificadores centrales.
No resulta entonces muy distante el paralelo entre automóviles y gorriones. Se trata siempre de la misma filosofía política que planifica centralizadamente la vida de las personas. Que determina, sin participación ciudadana y más allá de sus preferencias y voluntades, qué cosa es el bien común. Que implementa medidas impracticables y disparatadas y que siempre tienden a la abolición de la propiedad privada.
El coche propio es un símbolo de libertad que se popularizó en los momentos de mayor crecimiento de las clases medias y de creación de riqueza e innovación tecnológica. Si el ataque a este símbolo prospera, y así parece suceder, se promueve una sociedad en la que sólo los ricos y los políticos pueden viajar en su propio auto. La historia es bien conocida, se llame abiertamente comunismo o tenga cualquier otra cara, toda planificación central e implementación de políticas colectivistas trae miseria y retroceso.
La prohibición de los vehículos de combustión es un proyecto de élite que ignora las necesidades y los deseos de la población sin que medie ninguna decisión democrática ni lógica económica. Esto demuestra el carácter antidemocrático de nuestras elites que no son más que tecnócratas arrogantes que consideran a los ciudadanos estúpidos e incapaces de resolver los problemas, cuando la realidad es que son las soluciones de los ciudadanos y los mercados libres las que mejoraron la eficiencia energética con soluciones baratas, mientras que la burocracia y la planificación centralizada nunca han obtenido un sólo resultado del que enorgullecerse.
No hay que bajar los brazos en la búsqueda de la producción de energía mejor y más barata, los que hay que entender es que no son los gobiernos, ni los políticos ni mucho menos los burócratas que ni siquiera son elegidos democráticamente los que deben resolver los problemas del futuro. Ya hemos visto muchas veces a qué desastres conduce su arrogancia, ¿cuántos más ejemplos necesitamos?
No explicar claramente la imposibilidad de que la electromovilidad reemplace al automóvil tradicional en cantidad y precio no es casual. Demonizar el uso del combustible fósil como si se tratara de un capricho de contaminadores locos y malvados permite ocultar la importancia social y económica que representa la energía barata en el desarrollo de nuestras sociedades. No hace falta ser un genio para conocer los límites de la transición energética, la corrupción que surge de las regulaciones e incentivos «verdes» y el inevitable encarecimiento que está volviendo a la energía un producto apto sólo para ricos. Es claro quienes serán los que van a sufrir las consecuencias de las políticas públicas extraviadas.
La política centralizada y coordinada de exterminio de la movilidad particular expone algo más: el ejercicio descontrolado del poder. Obligar a las personas a regresar a la dependencia es afianzar el paternalismo como voluntad autoritaria por sobre sus preferencias y derechos, bajo falaces acusaciones de insolidaridad. Lo que se oculta es el hecho de que la propiedad privada es el mayor motor moral y civilizatorio, así como el más importante factor de desarrollo de la vida cívica y familiar. Sin este incentivo, empobrecidos, sin movilidad y aislados, se refuerza la dependencia y se anula la capacidad de oposición. En una sociedad libre, las transiciones de cualquier orden están determinadas de abajo hacia arriba, todo lo demás es un delirio de totalitarios. La historia es bien conocida.
