El apagón del pasado 28 de abril ha marcado un punto de inflexión para el sistema eléctrico español. Desde entonces, Red Eléctrica ha activado el modo de «seguridad reforzada» para evitar nuevas incidencias, lo que ha implicado una mayor dependencia de las centrales de ciclo combinado (gas). Esta medida, sin una fecha de finalización, ha generado una fuerte presión sobre las empresas comercializadoras y, a medio plazo, podría traducirse en subidas de precio para millones de consumidores.
La causa del apagón aún no se ha esclarecido. No obstante, el operador del sistema ha intensificado el uso de restricciones técnicas, un mecanismo que ha permitido ajustar el mix energético tras su casación para garantizar la estabilidad de la red. Estos ajustes han priorizado tecnologías más firmes, pero han implicado un sobrecoste significativo.
En España operan más de 300 comercializadoras eléctricas independientes, aunque sólo una docena cuentan con una base relevante de clientes. Muchas de estas empresas ofrecen contratos con precio fijo anual, adquiriendo la energía a futuro en el mercado mayorista. El problema es que el coste asociado a las restricciones técnicas ha pasado de unos 15-20 €/MWh a más de 35 €/MWh. Así, las alternativas son asumir las pérdidas o repercutir los sobrecostes a los clientes.
Fuentes del sector han advertido de que algunas comercializadoras podrían aguantar uno o dos meses en esta situación. Entre las distintas empresas, se ha identificado a Holaluz, Octopus Energy, Feníe Energía, Plenitude, Repsol, TotalEnergies y otras que gestionan más de 3,5 millones de clientes.
