El empeño ideológico del Gobierno de Pedro Sánchez por erradicar la energía nuclear en España podría salirle muy caro al bolsillo de los ciudadanos y a miles de familias. Así lo advierte el último informe de la Fundación Civismo, fechado el 30 de abril, que estima que el cierre definitivo de las centrales nucleares incrementaría el precio de la electricidad un 36% y supondría la pérdida de unos 30.000 empleos, muchos de ellos en zonas rurales donde no existe alternativa laboral.
A pesar del coste económico y social, el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta: cerrar todas las nucleares antes de 2032 y reemplazarlas por energías renovables. Esta agenda ideológica fue impulsada con fervor por Teresa Ribera durante su etapa como ministra de Transición Ecológica, hasta su salto a Bruselas, donde ahora ocupa la vicepresidencia de la Comisión Europea. Al frente del ministerio quedó Sara Aagesen, que se enfrenta al caos desatado por el reciente apagón del 28 de abril.
El apagón ha reabierto con fuerza el debate sobre la necesidad de prorrogar la vida útil de las centrales nucleares. Ese día, a las 12:25 horas, minutos antes del colapso, la generación de energía de origen tradicional —grandes turbinas— apenas llegaba al 16% del total, muy por debajo del umbral del 25%-30% recomendado por los expertos para garantizar la estabilidad del sistema. Además, cuatro reactores nucleares estaban parados, y los que funcionaban rendían por debajo del 50% de su capacidad instalada.
La Fundación Civismo compara el caso español con el de Alemania, donde el cierre nuclear impuesto por Angela Merkel se ha convertido en uno de los errores más costosos de su mandato. Según el informe, si España sigue ese mismo camino, la factura energética de los ciudadanos se encarecerá en 8.000 millones de euros anuales y las arcas públicas perderán unos 1.000 millones en impuestos específicos ligados a la actividad nuclear.
Además, cerrar las centrales supondría dejar sin empleo a decenas de miles de trabajadores altamente cualificados, en su mayoría en áreas rurales donde difícilmente se podrían crear puestos equivalentes. Una consecuencia directa de una política impulsada no por criterios técnicos, sino por dogmatismo ecologista.
El informe alerta de que el cierre nuclear conllevaría una mayor dependencia de los combustibles fósiles, justo aquellos que el propio Gobierno pretende eliminar. «El cierre de las centrales nucleares reduciría nuestra soberanía energética, debilitaría la fiabilidad del sistema eléctrico y aumentaría nuestra vulnerabilidad ante las condiciones meteorológicas«, señala el documento.
Lejos de contribuir a la lucha contra el cambio climático, la eliminación de la energía nuclear tendría el efecto contrario: aumentar las emisiones de CO₂, como ya ocurrió en Alemania, y alejar a España de sus compromisos internacionales en materia ambiental.
