La Seguridad Social sigue colapsada pese al aviso del Defensor de Pueblo, que ya recordó en enero al Ministerio que debía resolver la falta de disponibilidad de citas presenciales.
Hay grandes dificultades para obtener una cita previa –unos cuatro meses de espera– o una atención alternativa a la telemática, y la tardanza en los trámites ha provocado, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), retrasos de varios meses (hasta tres) en el cobro de algunas pensiones. Desde el Departamento que dirige José Luis Escrivá afirman que están desplegando algunas medidas «para agilizar los servicios», pero las quejas se han multiplicado y las llamadas no atendidas alcanzan la cifra de cuatro millones.
La propia CSIF denunció este mes de febrero que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha impuesto un plan de Atención Directa al Ciudadano que «vulnera la negociación colectiva» porque aumenta la jornada laboral de la plantilla sin ningún tipo de compensación.
Dicho plan contempla la apertura de todos los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CASI) en horario de tarde –algo no establecido en el calendario laboral del organismo– y el incremento de las atenciones por funcionario y día. También incluye la reducción de los tiempos de atención a menos de 10 minutos, una decisión que puede suponer «una peor calidad del servicios al ciudadano». «Sólo importará el número de expedientes atendidos por el empleado, no si la gestión se ha resuelto satisfactoriamente», reiteró CSIF.
La central sindical afirma que la plantilla de efectivos de la Seguridad Social se ha reducido en más de un 30% en una década y cifra en 10.000 los empleados que se requieren para acabar con esta situación.
El Defensor del Pueblo hizo llegar una queja al ministro Escrivá ante las «incesantes quejas» y manifestó que la situación se aleja «de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad». La institución recordó que los retrasos suponen «un incumplimiento objetivo y directo» de la obligación recogida en el artículo 103.1 de la Constitución, que establece que la Administración debe «actuar de acuerdo con el principio de eficacia en el desempeño de su labor».
El colapso se suma al reciente cobro por error de la cuota mínima normal a los autónomos que se dieron de alta entre el 1 y el 9 de enero (220 euros más de lo debido). La cartera que dirige Escrivá estimó que la incidencia afectó a unas 8.000 personas.
