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La vivienda, herramienta de control social

El control de alquileres o la crónica de un suicidio global

La inefable ministra española de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, escribió en estos días en Twitter: “Más claro el agua. El alquiler funciona como un medio para transferir rentas de la población con menores ingresos a la población de mayores ingresos. Es decir, incrementa la desigualdad. Por eso hay que regularlos. La ley de vivienda es muy urgente para nuestro país, pero sobre todo es urgente que sea una buena ley que incluya una regulación de alquileres efectiva y contribuya a ampliar el parque público de vivienda”.

¡Transferir recursos de la población con menores ingresos a la población de mayores ingresos ocurre cuando la gente que trabaja de sol a sol ve cómo el Gobierno le cobra impuestos estratosféricos para sostener mamertos guardianes de la Agenda 2030, doña Ione, no nos engañemos! Pero vamos a los hechos: lo que Belarra repetía y ensalzaba eran los dichos de Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que aboga por la regulación de los precios de los alquileres. Gil se refería a un informe con sesudas reflexiones del tipo “los hogares de caseros se concentran en las rentas más altas, y los inquilinos en las más bajas”. Un dechado de sagacidad, evidentemente.

Una idea probablemente tonta

El informe de Gil analiza datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2021 publicada por el INE y se basa en la idea de que los propietarios de viviendas tienen más dinero que los no propietarios de viviendas y merced a ese brillante descubrimiento, concluye que los propietarios no necesitan el dinero que proviene del alquiler de las viviendas (?). Para ello sostiene: “Hay que bajar los precios de los alquileres porque a pesar de ello, los caseros siguen siendo los más ricos”, y añade “en un mercado del alquiler tensionado no hay que regular los precios solo a los grandes propietarios, como prevé la ley, sino a todos los caseros, porque aun así es un negocio rentable”.

Javier Gil es un calco del promotor de la Ley de Alquileres argentina Gervasio Muñoz. Se trata de personajes que, de la noche a la mañana, se hacen con la representación de “los inquilinos” y dirigen instituciones ilusorias. La de Gervasio se denomina “Inquilinos Agrupados” y al igual que el “Sindicato de Inquilinas e Inquilinos” es un esperpento asambleístico cuya legitimidad es irrastreable. Tanto Gervasio como Gil, poseen una visión resentida e infantil de la propiedad privada y parecen no entender nociones básicas como el rol del ahorro o el valor de los contratos. Sin embargo, son profusamente invitados a desparramar su cacareo en medios masivos y se constituyen como la voz oficial de los desposeídos. Confrontadores diseñados para disgustar y hacer el trabajo sucio, son la infantería de ese mamarracho global que es el intento de el control supranacional del hábitat.

El control de alquileres es una idea probadamente tonta, ni más ni menos que la imposición por parte del Estado de un precio máximo. Miles de años de historia muestran que los precios máximos producen escasez y mercados negros. El control de alquileres no es una expropiación directa pero a la larga funciona como una transferencia de propiedad forzosa si los propietarios se ven obligados a alquilar por precios con los que no están de acuerdo, a gente que no quieren y por períodos que no desean. Gregory Mankiw señala que «el techo en los alquileres reduce la calidad y la cantidad de las viviendas disponibles» y tiene sentido: bajo estas leyes, nadie en su sano juicio invertirá en nuevas unidades, los propietarios que han caído en la trampa no van a poner un centavo en mantenimiento. Los edificios sufren abandono, se convierten en espacios marginales e inseguros a merced de las mafias encargadas de solucionar las distorsiones de precios, se dispara el costo de la búsqueda y para encontrar una vivienda hay que pagar a intermediarios abriendo la puerta al mercado negro con las violentas consecuencias que todos conocemos. ­Tarde o temprano aparece el desabastecimiento, la oferta sencillamente se agota.

¿Por qué ante la evidencia la clase política sigue cayendo rendida ante este delirio? Porque la vivienda es una de las mejores herramientas de control social. Por eso existe un extenso movimiento de avance sobre ella que recorre todo Occidente: intervención en los contratos, movimientos sociales de okupas, urbanización de usurpaciones, tomas de tierra y vivienda como acción política. La narrativa es siempre la misma: propiedad privada es injusta porque surge de un pecado original de apropiación opresora ocurrido hace siglos, con el surgimiento del capitalismo, en contra de diversas minorías. Para esta narrativa es necesario que el propietario sea el enemigo, y se debe tratar al jubilado que tiene una casita en alquiler para sumar unos pesos del mismo modo que si se tratase de una terrateniente colonialista del siglo XVIII, mismo status, mismo pecado. Políticos y movimientos sociales muy exitosos han sumado poder en los últimos años aupados en esta narrativa.

Gobiernos y supragobiernos otorgan enorme financiación a los gerentes de estos movimientos y hasta diseñan su prédica.­ Los iluminados de Davos nos recuerdan que  pronto “no vamos a poseer nada” pero seremos felices, eso sí. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta abiertamente a regular los precios del alquiler en un informe que señala tres causas que son (¡oh, tierra de casualidades!) iguales a las citadas en la encíclica del Papa Francisco: Fratelli Tutti. De nuevo la culpa es de la desigualdad y del sistema que considera a la vivienda como una mercancía. Cabe preguntarse: ¿acaso no se compran y venden los materiales y el trabajo para construir y mantener una casa? Si dejamos de considerar transables los bienes y servicios relativos a la vivienda, ¿qué tipo de sistema estamos promoviendo? La respuesta no es difícil.

La ONU advierte que la fórmula para resolver la crisis es que los Estados apliquen medidas que limiten los beneficios de los propietarios (aka: especuladores malos) y recomienda sin disimulo regular el precio de los alquileres, sancionar la vivienda vacía y prohibir los desalojos. Casi un copy paste de los tuits Gervasio y de Gil (sigue la saga de casualidades locas). La ONU toma como excusa para las leyes de control de alquileres una supuesta “emergencia”. Sabemos que históricamente las “emergencias” para ONU son la excusa perfecta.

Las lecciones que no quieren aprender

En Suecia, desde los años 90, el precio del alquiler se comenzó a negociar entre el Gobierno y los sindicatos de inquilinos, sí, los Gervasios o Giles de ellos. El 90 por ciento de la vivienda tiene como referencia el precio pactado soviéticamente. ¿Consecuencias? 93 por ciento de déficit de oferta de alquiler, se generaron listas de espera de más de 10 años y más del 20 por ciento del sistema está sujeto al mercado negro, tan poderoso que cuando un gobierno quiso suspender el desastroso sistema de control fue derrocado.

Corría el mes de noviembre de 2019 cuando, en el barrio Schöneberg de Berlín, un acontecimiento llamó la atención de los medios locales y nacionales: una larguísima fila de 1.749 almas muertas de frío se amontonaban a las puertas de una vivienda de 56 metros cuadrados que, atrapada en la regulación vigente, se alquilaba por 550 euros al mes, menos de la mitad del precio de mercado. El propietario, luego de mostrarla a esa multitud, se decidió por un alto ejecutivo de Hamburgo que la usaría como vivienda de paso, el precio regulado le permitía ese lujo.­ El resto de los 1.748 postulantes seguirían penando por la escasez de oferta. Berlín, con años de regulación, no ha evitado que los alquileres se dupliquen desde el 2009, y el descenso de la oferta ha superado el 50 por ciento. París ha enfrentado una situación similar, con una caída del 15% en la oferta de vivienda de alquiler que ha estrangulado el mercado. San Francisco introdujo controles de rentas en 1979, que no funcionaron y redujeron más del 15 por ciento la oferta, lo que a su vez condujo a una caída del 25 por ciento en el número de inquilinos. El Gobierno español, sin embargo, tomó el compromiso de regular los precios del alquiler en las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. El texto habla de «mercado tensionado», igual que Gervasio y Gil, ¡qué sorpresa!

Argentina comenzó a atropellar los derechos de propiedad en 1921 y hasta 1995 se sucedieron más de cien intervenciones considerando leyes, decretos, resoluciones y circulares. Durante el golpe de 1943, del que participó el general Perón, se impuso el decreto 1580 que puso tope al precio de los alquileres y congeló las demandas de desalojo. Al poco tiempo la oferta de alquileres era casi nula y los propietarios vendían masivamente sus propiedades; el problema habitacional creció hasta convertirse en una de las postales más horrendas del peronismo.

Pero aun con este historial, en 2020 Argentina impuso una draconiana ley de alquileres surgida de las entrañas del macrismo. El kirchnerismo abrazó gustoso la medida socialista que la “oposición” le entregó en bandeja. La norma empujó los precios hacia las nubes de las pocas propiedades que quedaron en oferta, pero la inseguridad jurídica dejó seco al mercado. La escasez es brutal. La Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), ha expresado que de seguir vigente la ley, en el corto plazo no habrá departamentos disponibles. Actualmente, quienes están buscando hacer un contrato o renovarlo tendrán que abonar más del 110 por ciento en referencia al año anterior, superando incluso al valor del 89,56 por ciento interanual estipulado por el Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central. En menos de dos años cerraron 2.054 empresas del sector inmobiliario en la Argentina.

¡El principal impulsor de la Ley de Alquileres, el diputado del PRO Daniel Lipovetzky se muestra en estos días arrepentido y pide derogar la norma surgida de su puño y letra! Lipovetzky dice: “Esta ley no fue sólo mía, nosotros como Gobierno la impulsamos, pero fue votada en el Congreso por muchos partidos, sin ningún voto negativo. Hoy la ley no funciona, y cuando algo no funciona hay que cambiarlo”. Le asiste la razón al impúdico Lipovetzky, la idea de que sean los gobiernos quienes controlen cómo y dónde vive la gente responde a una agenda poderosa y global. Mayoritariamente estos controles se han establecido generando un drama habitacional que padecen las nuevas generaciones que no accederán ni al crédito, ni al ahorro ni a ninguna de las condiciones de estabilidad necesarias para su realización o para el asentamiento de una familia.

La embestida contra la propiedad privada de los últimos años es más fuerte, está bien financiada y coordinada. El objetivo es claro: el propietario como actor social debe ser anulado: ya no sólo se impide que los propietarios determinen el precio o la duración de los contratos, hay sucesivos ataques contra las viviendas que no salen del mercado, se busca impedir a los propietarios verificar los antecedentes penales y crediticios de quienes pretendan alquilar y se ha llegado a imponer como regla que la primera persona que aparezca se queda con la unidad. Nueva York aprobó el derecho del inquilino a transferir su contrato sin necesidad de permiso del dueño.

Cuando se atan todos estos cabos, resulta evidente que el objetivo de fondo es que la vivienda sólo sea poseída y gerenciada por los gobiernos. Pocas veces un ataque contra la propiedad fue tan exitoso como subrepticio. Luego, irremediablemente, serán los gobiernos los encargados de exponer la oferta, organizar los alquileres, poner el precio, determinar la mejor locación para las personas según su sabio entender. El Gobierno determinará quién permanece, quién puede o no pagar según el control de ganancias e ingresos, si el espacio es demasiado o el lujo excesivo. Es seguro que luego determine según el crédito social quién debe ser expulsado, el “bien común” basado en una emergencia o una alarma serán suficiente justificativo. El control de alquileres es sólo el primer paso. El resto de la historia es bien conocido.

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