En los últimos cinco años, el gasto del conjunto de las administraciones públicas ha experimentado un incremento del 30% en términos per cápita, alcanzando los 14.000 euros por habitante en 2023. Esta tendencia ascendente comenzó en 2018, cuando Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno, momento en el que el desembolso por ciudadano era inferior a los 11.000 euros anuales. Desde entonces, cada ejercicio ha supuesto un nuevo récord de gasto público.
El crecimiento del gasto estatal se ha reflejado en un aumento progresivo: en 2019 se superó por primera vez el umbral de los 11.000 euros per cápita, en 2020 ascendió a 12.000, en 2021 se acercó a los 13.000, los rebasó en 2022 y, finalmente, en 2023 alcanzó la barrera de los 14.000 euros. Aunque aún se desconocen los datos definitivos de 2024, todo apunta a que esta tendencia continuará con otro incremento anual.
En términos globales, el gasto total de las administraciones públicas en 2023 se elevó hasta los 680.952 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto a 2022 (cuando ascendió a 637.117 millones) y un 35% más que en 2018 (503.193 millones). Las corporaciones locales fueron las que registraron el mayor crecimiento relativo, con un 40% de aumento en comparación con 2018, seguidas por las comunidades autónomas (38%), la Seguridad Social (35%) y la Administración Central (30%).
Este incremento ha alterado la distribución del gasto entre los distintos niveles administrativos. Mientras que el peso relativo del Estado y los organismos centrales ha disminuido, las autonomías han ganado protagonismo, sumando un punto porcentual más de participación en el total respecto a 2018. La Administración Regional, que gestionó 223.238 millones en 2023, y la Seguridad Social, con 228.023 millones, representaron cada una el 33% del desembolso público. En menor medida, la Administración Central asumió un 22% (148.608 millones), y la Administración Local, un 12% (81.083 millones).
Por sectores, la mayor partida presupuestaria se destinó a la protección social, que incluye pensiones y prestaciones por desempleo, con un total de 277.104 millones de euros. Le siguieron el gasto en sanidad (98.624 millones), los servicios públicos generales (84.784 millones), el desarrollo económico (74.958 millones) y la educación (63.040 millones). En términos de crecimiento desde 2018, las áreas que más se han disparado han sido el impulso económico (46%, debido a ayudas relacionadas con la pandemia y la guerra en Ucrania), la vivienda y servicios comunitarios (45%), la protección ambiental (39%) y el ocio, cultura y religión (38%). También destacaron los aumentos en sanidad (37%), protección social (36%) y defensa (36%).
En este contexto de incremento del gasto público, la condonación de deuda autonómica promovida por el Ejecutivo ha suscitado inquietud entre las agencias de calificación crediticia S&P y Moody’s, así como en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Estas entidades han advertido sobre los riesgos asociados a la medida, señalando la posible falta de disciplina fiscal y el descontrol en la gestión del presupuesto de las comunidades autónomas.
La propuesta del Gobierno beneficiará a todas las comunidades de régimen común, aunque con diferencias significativas entre ellas. Cataluña y Madrid se sitúan en los extremos opuestos del impacto de la condonación, con una disparidad cercana a los 1.000 euros por habitante, lo que implica que a un ciudadano catalán se le perdonará casi el doble de deuda que a un madrileño. En términos generales, las autonomías más favorecidas por esta medida son Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, que recibirán una reducción de deuda por habitante ajustado de 2.284 euros.
