El gasto público de las Administraciones españolas alcanzará en 2026 los 803.259 millones de euros, según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional, lo que supone un nuevo máximo histórico y un incremento del 59,58% respecto a 2018. El aumento refleja el crecimiento sostenido del tamaño del Estado bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, con un peso del gasto que ya equivale al 45,3% del PIB.

El organismo internacional prevé que el gasto crezca en 49.760 millones adicionales este año, un 6,6% más que en 2025 y casi el doble del incremento registrado entre 2024 y 2025. Este repunte se produce en un contexto marcado por medidas extraordinarias para afrontar el encarecimiento energético derivado de la guerra en Irán, que presiona al alza los precios de combustibles y arrastra el conjunto de la inflación.

El aumento del gasto se ha concentrado en varias partidas. Destacan los salarios del sector público, que han subido un 7,5% en sólo un año, y especialmente la protección social, con un fuerte peso de las pensiones y el gasto sanitario ligado al envejecimiento de la población. Sin embargo, el crecimiento del gasto supera ampliamente la inflación acumulada del periodo, que se sitúa en el 26,1%, muy por debajo del ritmo de expansión del desembolso público.

Desde 2018, el Estado gasta casi 300.000 millones de euros más al año. En paralelo, el endeudamiento se ha disparado. El FMI cifra en 532.142 millones el aumento de la deuda bruta en este periodo, hasta alcanzar los 1,74 billones de euros, un 44% más. La deuda neta también ha crecido en proporción similar, hasta los 1,47 billones, tras sumar cerca de 448.000 millones adicionales.

El informe del organismo publicado en marzo señala directamente tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas por el descontrol del gasto. Reclama planes de consolidación fiscal «creíbles» y una reforma del marco presupuestario autonómico que limite el crecimiento del gasto y obligue a una supervisión más estricta.

El FMI advierte además de que España no ha logrado reducir la deuda regional ni evitar políticas de gasto procíclicas, es decir, incrementos del gasto en fases de crecimiento económico en lugar de contenerlo para amortiguar futuras crisis. Entre las medidas propuestas, plantea exigir a las autonomías planes fiscales plurianuales y no descarta la necesidad de subidas de impuestos o recortes adicionales para equilibrar las cuentas.

Las previsiones del organismo dibujan para 2026 una economía con un crecimiento del 2,1%, una tasa de paro del 9,8% y una inflación del 3%. La deuda pública se situará en el 98,2% del PIB, consolidando un nivel cercano al 100% que limita el margen de maniobra ante futuras turbulencias económicas.