«Infinidad de incidencias», «un auténtico desastre», «funcionamiento nefasto». Así califican los funcionarios del SEPE la gestión de Alma, la nueva aplicación informática del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, que fue presentada como una revolución tecnológica… pero que está bloqueando el servicio.
La herramienta, que ha costado más de 20 millones de euros y fue adjudicada a Deloitte mediante un contrato dividido en varios expedientes y financiado con fondos europeos, llegó para sustituir al antiguo conjunto de aplicaciones que operaban desde hacía décadas. En la práctica, según denuncian desde dentro del propio organismo, ha supuesto una carga inasumible para los trabajadores y ha agravado el ya crítico estado del SEPE.
La plantilla del SEPE, especialmente la que se ocupa de gestionar las prestaciones por desempleo, alerta de un colapso inminente. Desde el sindicato CSIF se remitió el pasado 13 de mayo una carta al director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, advirtiendo del «hartazgo y malestar» generalizado en el organismo. No era la primera advertencia: ya en 2023 habían escrito a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sin obtener respuesta.
«El auténtico desastre que supone para los gestores de prestaciones el funcionamiento de Alma es tan evidente que no hay manera de camuflarlo», señala el sindicato mayoritario. Denuncian que todas las personas implicadas en su uso están desbordadas por las incidencias diarias, muchas de las cuales no se resuelven ni en plazos razonables.
El Ejecutivo, sin embargo, niega el colapso. En una respuesta parlamentaria al Grupo Popular fechada también el 13 de mayo, el Gobierno defiende el nuevo sistema como una «verdadera revolución tecnológica» y asegura que se realizan sesiones virtuales semanales con las direcciones provinciales para introducir mejoras. Añade que unos 6.000 gestores recibieron un curso online sobre el funcionamiento del sistema el pasado octubre.
Pese al discurso oficial, CSIF exige la paralización inmediata del sistema Alma y su sustitución por las aplicaciones anteriores. Critican una «falta de autocrítica» por parte de la dirección del SEPE y del Ministerio de Trabajo ante una gestión diaria que califican de «tremendamente farragosa».
Mientras tanto, y con una plantilla insuficiente de poco más de 7.000 trabajadores, el SEPE intenta sostener el sistema con medios que no permiten un control efectivo de las prestaciones. A pesar de haber recuperado 72,2 millones de euros en cobros irregulares en cuatro meses, los funcionarios advierten de que la cifra podría haber sido mucho mayor si se contara con más personal y un sistema informático fiable.
El Gobierno ha confirmado que el importe total adjudicado para el desarrollo e implementación de Alma asciende a 20.084.438,93 euros, y que el contrato incluye mecanismos para exigir a la empresa adjudicataria la corrección de errores del sistema.
Pero la realidad es que el sistema sigue fallando, los funcionarios están desbordados y los ciudadanos —los mismos que pagan impuestos y esperan respuesta del SEPE— sufren las consecuencias de otro fiasco tecnológico pagado con dinero público y propaganda oficial.
