El Gobierno ha decidido intensificar la carga impositiva sobre la banca mediante un nuevo incremento en el tributo, apuntando principalmente a los grandes bancos del país. Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca consolidar un acuerdo alcanzado con Junts y el PNV, dos de sus aliados parlamentarios, para convertir este gravamen en una medida estable y aplicarla durante al menos tres años. Este pacto, que incluye también la eliminación del tributo temporal sobre el sector energético, podría traer significativas repercusiones para la economía y la competitividad de las entidades financieras.
Este rediseño fiscal afecta en especial a las grandes entidades, que pasarán a tributar hasta un 6% sobre sus ingresos por comisiones e intereses, elevándose del 4,8% previo. La estructura del impuesto, ahora progresiva, propone tasas desde un mínimo de 1% para los bancos de menor facturación hasta el máximo de 6% para las entidades con mayores beneficios, como Caixabank, que ya anticipa que asumirá la tasa más alta. Gonzalo Gortázar, su consejero delegado, ironizó calificando la medida de «tasa Caixabank», advirtiendo que la permanencia de este gravamen podría empujar a los bancos a considerar mover su sede fuera de España.
Pese a ciertos cambios que buscan mejorar la situación del sector, la banca ha expresado su descontento, argumentando que el tributo sigue siendo discriminatorio y doblemente gravoso, afectando únicamente a esta industria y no a otros sectores económicos. Además, aunque se contempla una deducción del 25% en el impuesto de Sociedades, la banca señala que la doble imposición no se elimina por completo, lo que podría comprometer hasta 50.000 millones en préstamos anuales destinados a empresas y familias.
De cara a las Cortes, el diseño del impuesto aún podría sufrir modificaciones, especialmente si prosperan las propuestas de Sumar, otro de los aliados parlamentarios. Esta formación, liderada por Yolanda Díaz, aboga por una imposición incluso más elevada para la banca y cuestiona la eliminación del tributo a las energéticas, aunque su capacidad de influencia ha sido mermada por recientes polémicas internas.
Ante esta nueva regulación, ING y otras filiales de bancos extranjeros también se verán obligados a contribuir. Para entidades más pequeñas, como las antiguas cajas de ahorros —Unicaja, Abanca, Kutxabank, Ibercaja y Bankinter—, la carga fiscal podría reducirse debido a la estructura de tramos, que establece un tipo mínimo del 1% para ingresos inferiores a 750 millones de euros. Esta medida se complementa con la inclusión de una exoneración parcial en Sociedades, que aliviará un poco la carga para los bancos de menor tamaño.
Sin embargo, el sector financiero, representado por patronales como AEB y CECA, ya estudia impugnar la permanencia de esta imposición en los tribunales, aduciendo que la medida vulnera principios constitucionales y coloca una carga fiscal desproporcionada sobre la banca. Estas asociaciones consideran que el nuevo esquema no solventa los problemas de constitucionalidad y discriminación señalados con el impuesto temporal, y sostienen que esta carga afectará la capacidad de financiación del sector.
Las voces de preocupación en el sector también incluyen al consejero delegado de BBVA, Onur Genç, quien, en una declaración pública, expresó su tristeza por lo que considera un gravamen «en contra de España» e instó al Gobierno a dialogar con el sector. Genç añadió que mientras el Ejecutivo cedió a las demandas de las empresas energéticas, que amenazaron con reducir sus inversiones en el país, la banca no ha conseguido un diálogo efectivo con el Gobierno en sus demandas de reconsideración tributaria.
