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Ambos afectan la oferta de vivienda

El Gobierno aspira a prohibir los apartamentos turísticos sin abordar otros problemas como la okupación

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Foto Europa Press

La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno está considerando modificar la Ley de Propiedad Horizontal. El objetivo de esta modificación es prohibir los apartamentos turísticos en comunidades de propietarios, al considerarse que realizan una actividad económica.

Rodríguez ha explicado que esta medida se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en dos sentencias relativas a vecindarios de Oviedo y San Sebastián, determinó que el alquiler de viviendas para uso turístico constituye una actividad económica y ordenó su cese.

«Con esta modificación, las comunidades de vecinos podrán participar en estas decisiones. Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, sino que afecta a todo el mundo y a las principales capitales europeas«, ha comentado la ministra.

El boom de los pisos turísticos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informa que en febrero había más de 351 mil viviendas turísticas, lo que representa un aumento del 9,2% respecto al año anterior. Estas viviendas constituyen el 1,33% del total en España.

Andalucía encabeza la lista con más de 82 mil pisos turísticos, un incremento del 17,5%. Le siguen la Comunidad Valenciana con 59.413 pisos, un aumento del 19%, y Cataluña con 52.598 pisos, un 15% más.

En términos porcentuales, las viviendas turísticas representan el 1,76% del total en Andalucía, el 1,81% en la Comunidad Valenciana y el 1,34% en Cataluña.

El aumento de la okupación: 10.345 casos

En 2023, se han registrado más de 10 mil casos de okupaciones. Entre ellos, la comunidad autónoma que más acumula es Cataluña con el 40%, un total de 4.218 casos.

Este dato es significativamente mayor en comparación con otras comunidades, como es el caso de Madrid, que registra 1.025 casos, un 1% menos. Seguidamente está Andalucía con 1.607 casos de ocupaciones, un 6% menos.

El Gobierno, al no legislar contra las okupaciones ilegales de viviendas, contribuye al aumento de los precios y a la escasez de oferta de viviendas.

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