El Gobierno, en su intento por reformar el sistema tributario y cumplir con las metas fijadas por Bruselas, había planeado originalmente centrar sus esfuerzos en dos impuestos clave: uno dirigido a las empresas energéticas y otro al sector bancario. Con la imposición permanente de estas medidas, el Ejecutivo buscaba una recaudación de cerca de 3.000 millones de euros con la que contentar a Bruselas. Sin embargo, las exigencias de Repsol, respaldadas por Junts, han intervenido en este proceso, lo que obligó a redirigir esos impuestos hacia las clases medias y bajas.
Los separatistas consiguieron que el Ejecutivo renunciara al impuesto excepcional sobre el sector energético y redujera el aplicado a la banca, limitándolo a tres años y con menores tasas. Pero este acuerdo con Junts dejó un vacío recaudatorio que ha obligado al Gobierno de Sánchez a buscar nuevas fuentes tributarias para satisfacer las demandas de sus socios políticos, desembocando en un alza de impuestos para los hogares.
La decisión de aliviar la carga fiscal sobre energéticas y bancos ha provocado una fuerte reacción por parte de los partidos a la izquierda del PSOE, como Esquerra Republicana y Bildu, quienes exigen ahora incluir sus propias enmiendas en la reforma. También Sumar, socio del Gobierno, ha añadido varias propuestas, entre las que se encuentra la eliminación de la exención del impuesto sobre primas de seguros de salud. En la actualidad, estos seguros están exentos, pero con la reforma pasarán a tributar al 8%. Aunque Sumar argumenta que este cambio afectará principalmente a las rentas altas, los datos de Unespa, patronal de las aseguradoras, muestran que más de 12,4 millones de personas tienen seguros de salud privados, muchos de ellos pertenecientes a las clases medias.
Otro eje de la reforma es la eliminación del beneficio fiscal del diésel para igualarlo al tratamiento impositivo de la gasolina. Este ajuste, justificado por razones medioambientales al considerar al diésel más contaminante, tendrá un fuerte impacto en los bolsillos de los conductores, especialmente en aquellos con rentas medias y bajas, dado que más de la mitad de los vehículos en España funcionan con gasóleo. Aunque en intentos anteriores esta medida fue bloqueada por el PNV, ahora los nacionalistas vascos han mostrado su disposición a apoyarla, a cambio de recibir competencias sobre los nuevos tributos incluidos en este paquete fiscal.
Entre las medidas pactadas también figura el aumento del IVA de los pisos turísticos al 21%, una iniciativa promovida por Sumar para equiparar este tipo de alojamientos al resto del sector turístico, que ya tributa bajo este régimen. Además, se contempla una subida del impuesto al tabaco, incluyendo los cigarrillos tradicionales y los productos de vapeo, con el objetivo de desincentivar su consumo, especialmente entre los jóvenes, principales consumidores de estos productos.
En conjunto, estas medidas buscan compensar la pérdida de recaudación estimada entre 1.500 y 2.000 millones de euros, derivada de las concesiones hechas a Junts respecto a las energéticas y los bancos. Sin embargo, el resultado final implica un endurecimiento fiscal que recaerá en gran medida sobre la ciudadanía, en particular en sectores de ingresos medios y bajos, dejando en evidencia el peso del lobby empresarial en la configuración de la política tributaria.
