El Gobierno tendrá que capitalizar con al menos 10.000 millones de euros la nueva «gran empresa pública de vivienda» para absorber los activos de Sareb y «poder afrontar las posibles pérdidas». En este contexto, fuentes del entorno del Ejecutivo, que manejan estas cifras, aseguran que la institución seguirá el modelo de la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y orbitará dentro de la entidad pública que administra los suelos propiedad del Estado.
La SPA, creada por el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero, nació con unas altas expectativas en un momento en el que era necesario poner orden en el mercado de arrendamiento español. Inicialmente, tenía la previsión de intermediar entre propietarios e inquilinos un total de 25.000 contratos y cobrar una parte del alquiler como comisión de gestión. Sin embargo, el proyecto fracasó, sin conseguir ninguno de sus objetivos durante siete años.
Según las cifras aportadas por el Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta que no se había logrado beneficios y la empresa estaba en número rojos, el Gobierno de Zapatero tuvo que inyectar capital por un valor de 43 millones de euros en un primer momento, añadiendo posteriormente otros 11 millones para proceder a su liquidación en 2019.
No obstante, sobre la nueva «gran empresa pública de vivienda» presentada por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no hay datos concretos sobre la estructura y operativa de Sepes, aunque los expertos coinciden al dudar de la viabilidad del proyecto. En este sentido, señalan que es «una renovada sociedad que nace muerta prácticamente, dado que el capital que tendrá que inyectar el Gobierno para su creación».
